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 Como parte del primer Congreso Internacional de Seguridad 2020 organizado por la Universidad Autónoma del Caribe, la Dra. Magdalena Alcocer dictó la conferencia “Retos para la seguridad en México y el covid-19”, en la cual abordó los grandes desafíos a nivel de economía y seguridad en México teniendo en cuenta la crisis por la COVID-19, y cuáles son los posibles escenarios para el país en los próximos meses.

 

Magdalena Alcocer es doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona. Trabajó en la secretaría de seguridad pública federal implementando la iniciativa ‘Mérida’, es miembro de la Asociación Civil de Seguridad por México y actualmente coordina la licenciatura en Inteligencia Estratégica de la facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac de México.

 

En primer lugar, para entrar a describir la situación económica actual de México, Magdalena Alcocer resaltó el papel que juega la relación bilateral entre México y Estados Unidos. "México es el país de América Latina más cercano geográficamente a Estados Unidos, por lo que, sostienen una relación compleja, muy sensible", afirmó.

 

Durante el primer mes de cuarentena, según expuso Magdalena Alcocer, las exportaciones de México a Estados Unidos experimentaron un desplome del 47.9%. Por otro lado, en la frontera sur de México continúa vigente el problema de los inmigrantes y la contención por parte de la Guardia Nacional.

 

De acuerdo con la explicación de la doctora en Gobierno, las personas en condición de pobreza son las más vulnerables, la crisis de la globalización enmarca la pandemia por COVID-19 y se ha producido una desaceleración económica, se han interrumpido las cadenas de suministro, y se está experimentando la transnacionalización de bienes y servicios.

 

Organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM),  y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), han lanzado diversas proyecciones acerca del futuro de México tras la pandemia por la COVID-19.

 

Según OIT: se pueden perder 25 millones de puestos de trabajo en la economía formal y se podrían presentar pérdidas de ingreso para los 1.600 millones que conforman el sector informal.

 

Según FMI, BID y BM: en América Latina y el Caribe el producto interno bruto (PIB) de la región caería en un 5.5%.

 

Según Cepal: la COVID-19 borrará 13 años de movilidad social en América Latina, dejando 214 millones de personas en condiciones de pobreza y 83 millones en pobreza extrema. Para finales del 2020, 47.8 de cada 100 mexicanos serán pobres y 15.9 de cada 100 estarán en pobreza extrema.

 

La realidad de México, según la experta en Inteligencia Estratégica, está enmarcada en la incredulidad de las personas hacia la COVID-19, la presencia de restricciones que apelan a la conciencia y la falta de equipos en el sistema de salud. Hasta este momento, México registra 133.974 casos de contagio, 4.790 casos nuevos este viernes 12 de junio, 15.944 fallecidos y 2.866 pruebas aplicadas por cada millón de habitantes, lo que equivale a un 0.28%.

 

En materia de seguridad, Magdalena Alcocer señaló que México presenta condiciones alarmantes y según las estadísticas, sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la OCDE ocupando la última posición. México presenta una reforma policial inacabada con un desempeño insatisfactorio que ha producido la desconfianza ciudadana. Los policías, además, operan precariamente: con bajos sueldos, sin protección social ni derechos, en contextos de agresión ciudadana, poca profesionalización y sin rendición de cuentas ni sistemas de supervisión.

 

La experta compartió los tres posibles escenarios que podrían darse en el país durante los próximos meses, uno positivo, otro neutro y el último negativo.

 

El escenario positivo plantea que la agenda doméstica de los Estados Unidos prevalezca en la campaña presidencial, la Guardia Nacional ejerza mayor control y resulte eficaz en las tareas de seguridad, la violencia relacionada al crimen organizado disminuya, el poder ejecutivo se posicione frente a los feminicidios y la violencia de género, y las elecciones intermedias en México se lleven a cabo en completa paz.

 

El escenario neutro visualiza que el discurso de Estados Unidos se vuelva moderado por la captura de la agenda doméstica, la violencia asociada al crimen organizado continúe, la Guardia Nacional siga con problemas de control y reclutamiento, y las elecciones en México presenten casos de violencia aislada.

 

Finalmente, el escenario negativo para el país establece un discurso álgido en temas de la agenda doméstica en Estados Unidos y se retome la idea de la construcción del muro en la frontera, un aumento en las cifras de migración junto con la poca contención de la Guardia Nacional, aumento de la violencia por crimen organizado, altos índices delictivos y que las elecciones intermedias en México ocurran con altos niveles de violencia. VSC

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La cuarentena ha hecho estragos en Colombia, a nivel laboral, económico y educativo, entre otras esferas productivas. No somos los únicos, pues Italia, España, Estados Unidos y Reino Unido también están siendo golpeados por un virus que prácticamente paralizó el mundo.

 

Entre el ramillete de conferencias de este viernes 12 de junio, se dieron dos con testimonios de Argentina y España, vistas desde la perspectiva legal. A continuación, los detalles sobre ellas.

 

La primera.

La doctora Alejandra Monteoliva, docente y consultora experta en seguridad ciudadana fue la segunda en tomar la palabra durante la jornada informativa, con su ponencia ‘Seguridad ciudadana y delitos poscuarentena: orden público y desafíos operativos en tiempos de pandemia’.

 

Con un reconocimiento a las fuerzas de seguridad, por hacer su trabajo y mantener el control en medio de circunstancias tan complejas como la actual, la jurista inició su intervención y aconsejando que la implementación inmediata es la clave que permite el éxito y el dar valor agregado a las políticas.

 

Monteoliva explicó cómo se está viviendo la pandemia en Argentina: con restricción parcial en algunos sectores y no muy distante a la que se está dando en Colombia. Para esta profesora, la COVID-19 puso a prueba la resistencia de los estados y su economía. Monteoliva piensa que las consecuencias de la pandemia son claras, pero también lo son las ventajas, entre ellas la baja de delitos en las sociedades.

 

“Todos los indicadores delictuales han caído en toda Latinoamerica, pero la actividad criminal no se detiene. Se adapta y se reestablece, pero no desaparece”, asegura la experta.

 

“La cocaína en Europa reportó un 30 por ciento de aumento. Aunque Estados Unidos tenga un nivel de incautación, también es claro que las drogas están más presentes que nunca”, agrega Monteoliva.

 

De hecho, “la invitada dice que si hay un sector que saldría beneficiado sería el crimen organizado y es que el aumento más importante, en las acciones al margen de la ley, han sido la violaciones del confinamiento”, revela. Lo anterior está ocurriendo, porque el concepto de seguridad humana no ha sido traducido de forma tangible en las medidas de seguridad, hasta el momento, de acuerdo con Monteoliva, lo que representa un desafío operativo postpandemia.

 

“Hay que repensar los procedimientos de las autoridades y transformar la capacidad de respuesta ante situaciones como la que seguimos viviendo”, añade.

 

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La segunda conferencia.

Y manteniendo el tema de los controles de estado respecto a la pandemia, dio despliegue a su conferencia Francisco Martínez, licenciado y doctor en derecho, proveniente de España.

 

Bajo el título de ‘El estado de alarma en España y la inseguridad pública en el Covid-19’, llevó a cabo su presentación, con el mismo fin que lo hizo la anterior panelista virtual.

 

Según Martínez, las sanciones que se están imponiendo en su país pueden alcanzar multas de hasta 600 mil euros por violar la cuarentena.

 

Su reflexión fue tener conciencia sobre haber superado la situación casi de forma improvisada, por lo que aún se está en riesgo de no saber controlarla, aunque la curva de contagios disminuyó desde hace semanas.

 

Según Martínez, uno de los grandes caballos de batalla es el tema del incumplimiento de los contratos de naturaleza civil o comercial, debido a la crisis.

 

“Tal y como ha pasado en Colombia, en España también se han suspendido el pago de rentas y es considerado ilegal la falta de comprensión y el cobro de tales tarifas”, indicó el académico.

 

Según el ponente, el estado se ha encargado del pago de algunas obligaciones, pero hay quienes no han cobrado las prestaciones por su trabajo, lo que también hace parte de esa comprensión solicitada por las autoridades.

 

En cuanto a los términos procesales quedaron suspendidos en la Península Ibérica, los cuales se retomarán el 4 de julio de este año.

 

Para terminar, Martínez dijo que la resignación y estoicismo son las claves para este estado de excepción, ya no de alarma, pues se trata de seguir adelante buscando soluciones y no desesperarse y lamentarse. JSN

 

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Como "el desafío más grande para la humanidad en tiempos recientes" calificó el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo a la pandemia ocasionada por la COVID-19 en el mundo, durante su participación en el Primer Congreso Internacional de Seguridad 'Desafíos y prospectivas de la seguridad en el contexto del COVID-19', organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, el Instituto de Altos Estudios Políticos, Económicos y Sociales, y la Organización de Estados Iberoamericanos.

 

El Ministro de Defensa, en compañía de la Vicerrectora Académica de Uniautónoma, Patricia Pinilla, realizaron el conversatorio de apertura del evento que tuvo una transmisión a través de la plataforma de Facebook Live de la institución.

 

El titular de la cartera ministerial felicitó a Uniautónoma por el congreso, "toda vez que es importante ir construyendo académicamente las reflexiones necesarias como un legado para las generaciones futuras respecto de consecuencias de la pandemia que estamos atravesando" y reveló cifras alentadoras sobre la situación de seguridad en el país, en medio de la cuarentena obligatoria que rige en el territorio nacional. 

 

"La fuerza pública ha trabajado durante la pandemia sin descuidar su misionalidad. Es por eso que informo que, entre el 1 de enero y el 7 de junio de 2020, en comparación con el mismo periodo del año pasado, hemos logrado reducir todos los indicadores de violencia", indicó Trujillo, abogado doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, quien además ha sido Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Educación Nacional y Ministro del Interior.

 

MinDefensa reveló que que los homicidios se redujeron en  17%, es decir unos 919 muertos menos que en el mismo periodo del año anterior. Las otras reducciones fueron: lesiones personales en un 39%, secuestro un 55%, extorsión un 34%, hurto a personas 325, hurto a residencias 40%, hurto a automotores 33% y hurto de motocicletas un 37%.

 

Las cifras mejoran ostensiblemente si se toma en cuenta solamente el periodo de lo que llevamos de cuarentena, desde el 25 de marzo hasta el 7 de junio, en comparación con 2019. Así las cosas, el ministro señaló en su participación que el homicidio se redujo en un 30%, las lesiones personales en un 65%, el secuestro en un 89%, la extorsión en un 39%, el hurto a personas en un 67% y el hurto a residencias en un 69%.

 

Otras cifras de la pandemia.

En su presentación, el Ministro de Defensa puso en contexto de las personas que accedieron a la plataforma virtual una serie de logros y cifras que dan cuenta de la labor de la Fuerza Pública (policía, ejército, fuerzas armadas y fuerzas aéreas) durante la pandemia, "sin sacrificar sus actividades misionales".

 

"Hemos impartido 497.119 comparendos a quienes creyeron que la norma no era obligatoria, además, porque representaban una amenaza real para la seguridad y la vida de otras personas con la violación del aislamiento, hemos capturado a casi 4.000 personas. Fortalecimos la seguridad de nuestras fronteras destinamos más de 30.000 uniformados entre militares y policías. Sabemos que una de las principales preocupaciones era el desabastecimiento. El abastecimiento alimentario se convirtió en una prioridad de seguridad. Han sido 4.362 las caravanas de seguridad que ha acompañado la fuerza pública en las cuales se han transportado 293.662 toneladas en más de 22.000 vehículos. Sabemos que los criminales buscan reinventarse y acechan ahora a sus objetivos en el mundo virtual. Hemos identificado 501 páginas web con contenido malicioso, de las cuales 407 han sido bloqueadas. También hemos entregado 3 millones 300 mil mercados en lugares de todo el territorio nacional", señaló. 

 

Por último, Carlos Holmes Trujillo reveló el reconocimiento que organismos internacionales han hecho al Gobierno Nacional por las políticas y el manejo que se ha dado a la pandemia. "La OPS indicó que Colombia ha hecho un gran esfuerzo de esa medición que es la capacidad de la reproducción del virus y que nos indica cuántas personas susceptibles pueden contagiarse. Colombia ha logrado reducir esa capacidad a menos de la mitad con las medidas de prevención obligatoria. Y la OCDE reconoció la capacidad de reacción del Gobierno colombiano para contener la propagación y el impacto del COVID-19. En esto nuestra fuerza pública ha jugado un papel muy importante", afirmó el ministro Trujillo.

 

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Por su parte, la vicerrectora Académica, Patricia Pinilla expresó el compromiso de Uniautónoma de "propiciar la construcción de un espacio como este, de nuevas propuestas que superen los problemas de los ciudadanos y la sociedad".

 

"Las acciones que generamos desde la academia coadyuvan a la transformación del entorno para que en un ambiente de seguridad, convivencia y paz, nos permitan superar las adversidades de un futuro desafiante y disruptivo. La situación excepcional que el mundo enfrenta, por la pandemia, nos lleva a pensar desde enfoques multidimensionales las acciones que ejercen en el marco de las políticas y programas que favorezcan el progreso de las naciones. Una de estas políticas, la seguridad, busca garantizar la protección efectiva de los ciudadanos frente a comportamientos que afecten su integridad y su armonía en una convivencia en paz", manifestó la vicerrectora.

 

Otras conferencias. 

Tras la participación del Ministro de Defensa y la vicerrectora Académica de Uniautónoma, el congreso continuó con la participación de conferencistas de talla internacional. Ellos fueron: Jorge Padilla (Costa Rica) magíster en Derechos Humanos, Francisco Martínez (España) licenciado y doctor en Derecho; Magdalena Alcocer (México) PhD en Gobierno y Administración Pública; Alejandra Monteoliva (Argentina) docente y experta en Seguridad Ciudadana, y Juan Carlos Nieto (Colombia) experto en Seguridad.

 

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Todos estuvieron acompañados docentes y representantes de la Universidad Autónoma del Caribe. La moderación general estuvo a cargo de Julio Henríquez Toro, decano de la Facultad de Jurisprudencia de Uniautónoma, quien contó con el apoyo de Victoria Rodríguez Arévalo, directora de los programas de Derecho y Ciencias Políticas; Rosa Gutiérrez Vargas, directora del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación; María Cristina Vargas, directora de la Clínica Jurídica, y Bleyddy Quintero Niño, directora (e) del programa de Derechos, sede Ocaña.

 

La presentación del congreso estuvo a cargo de la egresada del programa de Derecho, Angie Vásquez Melo. La transmisión general tuvo la producción del ingeniero José Crespo Epiayú, jefe de Innovación Educativa de Uniautónoma; el apoyo técnico de César Vargas, del canal Uniautónoma Televisión; la coordinación logística de María Clara Vera, la coordinación de enlace de Adriana Orozco, y la dirección general del equipo creativo, periodístico, redes sociales y plataformas digitales de la Dirección de Comunicaciones y Marketing, a cargo de Belinda García Jiménez.

 

 

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El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y cinco expertos de cinco países estarán de manera virtual este viernes 12 de junio en el Primer Congreso Internacional de Seguridad 'Desafíos y prospectivas de la seguridad en el contexto del COVID-19', organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, el Instituto de Altos Estudios Políticos, Económicos y Sociales, y la Organización de Estados Iberoamericanos.

 

El evento tendrá transmisión desde las 8 de la mañana a través de las plataformas virtuales de la universidad y se podrá ver en el Facebook Live de la institución.

 

En el primer conversatorio estará el Ministro de Defensa en compañía de la vicerrectora Académica, Patricia Pinilla, en un acto de apertura que servirá como preludio para las charlas siguientes con los expertos invitados, que estarán de manera virtual desde cada uno de sus países.

 

A las 9 am el decano de Jurisprudencia, Julio Henríquez, estará conversando con la docente y consultora experta en Seguridad Ciudadana, la argentina Alejandra Monteoliva, sobre ‘Seguridad ciudadana y delitos poscuarentena: orden público y desafíos operativos en tiempos de pandemia’.

 

45 minutos después el tema principal será ‘El estado de alarma en España y la seguridad pública en la COVID-19’ en el conversatorio que sostendrán el PhD y licenciado en Derecho Francisco Martínez (España) y Victoria Rodríguez, directora de los programas de Derecho y Ciencias Políticas de Uniautónoma.

 

La tercera invitada será la mexicana Magdalena Alcocer, PhD en Gobierno y Administración Pública, quien conversará a las 10:30 am con la directora de la Clínica Jurídica de Uniautónoma, María C. Vargas, sobre ‘Retos para la seguridad en México y la COVID-19’.

 

A las 11:15 estará la cuota colombiana con Juan Carlos Nieto, PhD en Gestión, quien hablará de ‘La ciberseguridad en tiempos del COVID-19’ con Rosa Gutiérrez, directora del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de Uniautónoma.

 

Al filo del mediodía (11:45 am) será el último conversatorio sobre ‘Protección colectiva en tiempos de COVID-19’ que sostendrán Jorge Padilla, costarricense magíster en Derechos Humanos, y Bleyddy Quintero, directora (e) del programa de Derecho de Uniautónoma sede Ocaña.

 

La presentación del evento estará a cargo de la egresada del programa de Derecho, Angie Vásquez Melo. La transmisión general tendrá la producción del ingeniero José Crespo Epiayú, jefe de Innovación Educativa de Uniautónoma; el apoyo técnico de César Vargas, del canal Uniautónoma Televisión; la coordinación logística de María Clara Vera, la coordinación de enlace de Adriana Orozco, y la dirección general del equipo creativo, periodístico, redes sociales y plataformas digitales de la Dirección de Comunicaciones y Marketing, a cargo de Belinda García Jiménez.

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El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo será el encargado de abrir el Primer Congreso Internacional de Seguridad, el próximo viernes 12 de julio, organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, el Instituto de Altos Estudios Políticos, Económicos y Sociales, y la Organización de Estados Iberoamericanos.

 

El evento tendrá transmisión desde las 8 de la mañana a través de las plataformas virtuales de la universidad y se podrá ver en el Facebook Live de la institución.

 

El congreso contará con la participación, en vivo y en directo, de expertos internacionales y nacionales: Jorge Padilla (Costa Rica) magíster en Derechos Humanos, Francisco Martínez (España) licenciado y doctor en Derecho; Magdalena Alcocer (México) PhD en Gobierno y Administración Pública; Alejandra Monteoliva (Argentina) docente y experta en Seguridad Ciudadana, y Juan Carlos Nieto (Colombia) experto en Seguridad.

 

La apertura estará a cargo de la Vicerrectora Académica, Patricia Pinilla Muñoz, y la moderación general de Julio Henríquez Toro, decano de la Facultad de Jurisprudencia de Uniautónoma, quien contará con el apoyo de Victoria Rodríguez Arévalo, directora de los programas de Derecho y Ciencias Políticas; Rosa Gutiérrez Vargas, directora del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación; María Cristina Vargas, directora de la Clínica Jurídica, y Bleyddy Quintero Niño, directora (e) del programa de Derechos, sede Ocaña.

 

La presentación estará a cargo de la egresada del programa de Derecho, Angie Vásquez Melo. La transmisión general tendrá la producción del ingeniero José Crespo Epiayú, jefe de Innovación Educativa de Uniautónoma; el apoyo técnico de César Vargas, del canal Uniautónoma Televisión; la coordinación logística de María Clara Vera, la coordinación de enlace de Adriana Orozco, y la dirección general del equipo creativo, periodístico, redes sociales y plataformas digitales de la Dirección de Comunicaciones y Marketing, a cargo de Belinda García.

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Hasta el momento, se habla de levantar la cuarentena el próximo 27 de abril, lo que depende del descenso de la curva de contagios y, por el contrario, del aumento de casos que superan el virus.

 

Falta solo 10 días para ello, pero no se sabe si la medida pueda ser extendida, razón por la que aún es pertinente informarte sobre los castigos que enfrenta quien viole el código de seguridad, obligatorio. Con solo salir de tu casa, sin motivo alguno, lo estarías haciendo.

 

No te expongas. Por tu libertad y bolsillo, quédate en casa y continúa leyendo.

 

Primero, lo primero.

El origen del confinamiento, como regla, para todos, es el Decreto 457 de marzo del presente año, en virtud del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, acorde con lo previsto en el artículo 215 de nuestra Carta Política, según Rosa Gutiérrez, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe.

 

De acuerdo con Gutiérrez, abogada y egresada nuestra, la declaratoria anterior permitió al Presidente de la Republica el adoptar medidas extraordinarias y excepcionales, así como preventivas para “conjurar las causas que dieron origen a su declaratoria”, explica la jurista.

 

Básicamente esa es la razón por la que se ordenó la cuarentena en casa -con base al decreto 457 del 25 de marzo del año que corre- y por la que se extendió, todo por preservar tu salud, vida e integridad, la de los tuyos y la de todos los habitantes en el territorio nacional. Cabe recordar, que esta medida se tomó de forma tardía en países como Italia y España. También se dio de ese modo en Estados Unidos y las cifras de contagio dan cuenta de ello.

 

“Quien no acate la orden del Gobierno Nacional de guardar la cuarentena, se les acusará del delito de Violación de Medidas Sanitarias previsto en el artículo 368 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y/o las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016”, advierte la funcionaria.

 

De hecho, “a quienes sean sorprendidos violando las medidas sanitarias y de seguridad, ordenadas por el gobierno nacional, se le aplicarán sanciones de orden penal, como lo establece el artículo 368 del Código Penal: privación de la libertad entre 4 a 8 años y multas hasta de diez mil salarios mínimos legales vigentes”, agrega Gutiérrez, también magíster en Derecho Procesal.

 

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Lo anterior significa que podrías pagar hasta 9 millones 806.570 pesos, por salir a la calle, sin que tu objetivo sea la salud, abastecimiento de comida, elementos de aseo o pago de servicios.

 

Lo mencionado, conforme el dictamen de la ley, tampoco se trata de un extremo que indique una pena mayor, como si se fuere un homicidio. Es así que “el decreto 457 del 22 de marzo del año que corre -por el cual se desarrolla el decreto del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica- solo contempla la privación de la libertad y sanciones de carácter pecuniario” reitera la entrevistada.

 

Siendo clara la amonestación, también debe establecerse que las consecuencias de este castigo, hasta el momento, no suponen un record que afectaría tu salida del país o la hoja de vida al momento de ser contratado en una empresa, de acuerdo con Gutiérrez.

 

“Esta medida no estaba se encontraba prevista en el artículo 215 de nuestra Constitución Nacional, como Estado de Excepción, que otorga al presidente de la republica de facultades extraordinarias para tomar este tipo de decisiones”, añade la abogada, por lo que, en caso de ser sorprendido, la imposición de cargos sería totalmente legal.

 

Independientemente de su profesión, Gutiérrez recomienda a toda la comunidad Uniautónoma “que acaten la medida de aislamiento que se ordenó, ya que estadísticamente se ha demostrado que esta es la alternativa que ha resultado ser la más eficaz, ante la inexistencia de una cura o vacuna confirmada y a nuestro alcance, en contra del Coronavirus, para contener su propagación”.

 

Para terminar, y como abogada, Gutiérrez sugiere “evitar exponerte y también a quienes te rodean, al riesgo de muerte, a una amenaza contra tu calidad de vida y a ser castigado (a) con multas y condenas por la vulneración de tipos penales”. JSN

 

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Un derecho de petición es una solicitud que se puede hacer de manera verbal o escrita, y según el artículo 23 de la Constitución, es un derecho inherente al ser humano que goza de protección especial. Esta declaración permite realizar peticiones, solicitudes, quejas y reclamos a cualquier entidad pública o privada.

 

Muchas personas a la hora de realizar este trámite se confunden en la redacción o no saben cómo estructurarlo correctamente. Víctor Armenta, docente abogado de la Universidad Autónoma del Caribe, explicó los puntos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un derecho de petición.

 

“Hay tres motivos por los cuales se puede radicar un derecho de petición: solicitud general, copias de documentos o consulta. En el primer caso, el tiempo de respuesta debe ser de 15 días; en el segundo, de 10 días; y en el tercero, de 30 días como máximo. Sin embargo, se considera que todas las peticiones deben responderse en un tiempo aproximado de 15 días”, afirmó Armenta.

 

Según el docente, la ventaja del derecho de petición es que cualquier persona de forma directa puede levantar este trámite ante cualquier entidad. Y a diferencia de lo que consideran muchas personas, la empresa no necesariamente debe responder a favor del solicitante.

 

“La obligación de la empresa es contestar el asunto al cual se refirió la persona, sin evasivas. La entidad puede responder positiva o negativamente a la solicitud, no se trata de complacer a la persona. Lo que sí es obligación es contestar dentro del término establecido y con referencia al tema que exige la persona”, aclaró el abogado.

 

No es necesario llevar el documento listo desde casa, la persona puede acercarse directamente a la empresa a la cual va a dirigir la solicitud y radicarla allí mismo, de forma verbal o escrita, aunque se recomienda hacerla por escrito, pues queda la constancia del documento.

 

El derecho de petición debe contener la siguiente información:

- Nombre de la entidad a la cual va dirigido.

- Nombre del funcionario (cuando está involucrado en el hecho a describir en la solicitud).

- Datos de la persona que solicita (nombre completo, cédula de ciudadanía, dirección a la que enviar respuesta, ya sea correo electrónico o dirección física).

- Descripción del caso (¿Qué es lo que pides? Debes describirlo de manera clara y precisa).

- Firma de la persona que solicita.

 

El contenido del escrito no necesariamente debe incluir una ley, como suelen creer muchas personas. Existe un marco legal que fundamenta este derecho, el artículo 23 de la Constitución que lo respalda como derecho, y la ley 1755 de 2015 mediante la cual se establecen los requisitos y términos dentro de los que debe desarrollarse un derecho de petición.

 

“Como este recurso no está hecho para que lo manejen abogados sino para que sea utilizado por cualquier ciudadano, no es necesario que se fundamente en una norma, el ciudadano no está obligado a citar normas legales en el derecho de petición”, explicó Armenta.

 

Cuando se radica un derecho de petición, a partir del día siguiente empiezan a correr los 15 días hábiles para responder a la solicitud. En caso de que la empresa no responda dentro del plazo establecido, se está vulnerando el derecho y el solicitante puede recurrir a una tutela.

 

A modo de sugerencia, el docente Armenta manifestó que aquellas personas que tengan la intención de tramitar un derecho de petición, lo hagan con razones válidas “las circunstancias deben justificarlo, un derecho de petición no debe ser utilizado como deporte. Hay que saber diferenciar cuándo amerita utilizar este recurso”. VSC

 

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Luego de que la Junta Directiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciara la decisión de aplazar la Asamblea del BID por la alerta de Coronavirus, los expertos de la Universidad Autónoma del Caribe, Gabriel Orozco Restrepo, Sandra Osorio Bastos y Karen Martínez Monsalve, analizaron los puntos a favor y en contra de esta determinación.

 

Gabriel Orozco Restrepo es filósofo, analista internacional, consultor en temas de desarrollo y consultor en medios nacionales e internacionales; Sandra Osorio Bastos es administradora de empresas turísticas y hoteleras, y Karen Martínez Monsalve es profesional en negocios y finanzas internacionales.

 

La Asamblea del BID que estaba prevista del 18 al 22 de marzo en la ciudad de Barranquilla, quedó aplazada de manera tentativa para el mes de septiembre por la alerta de covid-19, que fue declarado como pandemia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

Esta decisión además de darle un giro completo a la agenda que el país tenía preparada, genera afectaciones en materia de economía y turismo para Colombia, y sobre todo, para Barranquilla.

 

“Con este evento de talla mundial íbamos a recibir grandes figuras internacionales y que lo hayan aplazado sin duda nos afecta en la economía, en la parte turística, teníamos pensado recibir a más de 7 mil personas. Los hoteles, restaurantes, la economía informal, todo se ve afectado”, afirmó la docente de negocios y finanzas internacionales, Karen Martínez, quien es especialista en Alta Gerencia, magíster en Mercadeo y candidata a doctora en Marketing.

 

Según la docente, a pesar de que la vitrina a nivel mundial que se tenía planeada para mostrar a la ciudad de Barranquilla se va a ver afectada, la situación queda en un modo de ‘stand by’ porque el evento solo se aplaza, no se cancela del todo, así que es un parte de tranquilidad para la ciudad y el país.

 

“Teníamos pensado vender el carnaval no como una fiesta sino como un evento donde hay una oportunidad de negocio, eso quería el alcalde, vender el carnaval como una oportunidad de negocio, que las empresas vinieran a invertir. Se quería mostrar todo lo que se está haciendo en la ciudad, todo el tema de inversión, así que esta decisión deja una sensación agridulce. La ciudad iba a presentar un gran movimiento económico en restaurantes, hoteles y aerolíneas”, explicó Karen.

 

Sin embargo, la docente reconoció que hay que seguir las medidas de prevención emitidas por las autoridades de salud y ver el lado positivo de la situación, pues el hecho de que la Asamblea del BID haya sido aplazada le da más tiempo a la ciudad para prepararse y terminar muchas obras.

 

Por otro lado, la experta en Hotelería y Turismo, Sandra Osorio, expuso cuáles serán las consecuencias que sufrirá el sector turístico en la ciudad.

 

“Ya estábamos prácticamente listos para este evento, ahora hay cancelación de reservas hoteleras, vuelos internacionales, personal contratado y actividades organizadas para los diferentes eventos que traía esta Asamblea, trayendo consigo afectaciones económicas. En las reservas hay un problema y es que por ser canceladas por fuerza mayor no se cobran penalidades, se deben llegar a acuerdos con las empresas, como la devolución del dinero o que se guarde como depósito para septiembre. Esto afectará las ventas del mes de marzo porque se dejaron de vender habitaciones que estaban bloqueadas para la Asamblea, sin embargo, esperamos que todo esto se recupere en septiembre que seguramente estaremos en mejor momento para desarrollar tan importante evento”, señaló la docente Sandra, especialista en Alta Gerencia y es magíster en Gestión de Turismo Sostenible.

 

Explicó que el turismo es un sector vulnerable a todo tipo de factores, entre esos, políticos, y en este caso, de salud. “Nos veremos afectados con la esperanza de que el peligro pase y se reactive nuevamente el sector turístico. No obstante, hay que hacer un análisis también, pues, es preferible presentar esas pérdidas económicas que contribuir a la expansión del virus en la ciudad, hay que preservar la salud”, indicó la también directora del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.

 

La experta aseguró que el sector turístico se encuentra a la espera de muchos otros eventos, como las actividades programadas por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022, sobre las cuales todavía no se ha concretado si se cancelarán o no debido a la alerta por el covid-19.

 

Por su parte, Gabriel Orozco Restrepo respaldó la decisión sobre aplazar la Asamblea del BID y analizó la responsabilidad que tiene en sus manos Colombia en estos momentos.

 

“Es una medida prudente y adecuada. Hay actividades que se pueden aplazar y reprogramar en función de la gravedad que vivimos con el covid-19. Colombia debe declararse en estado de emergencia. Estamos frente a una amenaza real, las medidas de contención tienen que ser fuertes, drásticas, la expansión del covid-19 es una amenaza inminente”, detalló el analista político, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y doctor en Relaciones Internacionales.

 

El docente explicó que muchos países, como en el caso de Italia, no vieron la dimensión del coronavirus y ahora se encuentran en un estado de cuarentena total, con un grave problema de sanidad pública y con los hospitales saturados.

 

En una semana, Colombia pasó de su primer caso a 24 casos confirmados.. Frente a esto, según Orozco, el Gobierno Nacional debe tener las facultades para prohibir y delimitar ciertas libertades que se promueven en la Constitución, de asociación, de movimiento; si entramos en un estado de emergencia es posible que se limiten estas libertades para preservar la salud pública”.

 

El analista político sostuvo que dentro de las medidas que podrían considerarse se encuentran las siguientes: evitar convocar a reuniones de más de 50 personas, procurar que las personas con afecciones respiratorias o síntomas de gripa sean aisladas y evitar el contacto físico entre personas.

 

En caso de que el país entre en un estado de emergencia “hay que pensar en el componente virtual. Las universidades, las instituciones, el gobierno debe repensar y emitir medidas que detengan la expansión de esta enfermedad”, puntualizó el docente.

 

Con respecto al sistema de salud en Colombia, advirtió que no estamos preparados y las autoridades deben trabajar para evitar una mayor propagación.

 

“Este problema se puede convertir en una calamidad pública, Colombia no tiene el sistema sanitario que tienen otros países desarrollados. Nosotros tenemos un sistema de salud complejo, por un lado, las entidades privadas son limitadas en su alcance, y por otro, las públicas no prestan un servicio adecuado que se ajuste a las necesidades de la población. Es un sistema de salud saturado que no posee las condiciones para una cobertura universal, tenemos un sistema que fácilmente podría ser vulnerado”, manifestó Orozco.

 

El docente de Uniautónoma finalizó destacando que la Asamblea se volverá a hacer, y para esa fecha se espera que las autoridades junto con las empresas hayan logrado establecer una vacuna que se pueda distribuir. Mientras, hay que seguir las medidas necesarias para frenar la expansión del covid-19.

 

“Es cierto que Colombia se iba a promover y Barranquilla se iba a mostrar como esa puerta de oro que promueve la hotelería y el turismo, pero debemos contenernos y mostrar esa capacidad que tenemos como sociedad de repensarnos y rediseñarnos para evitar y enfrentar estas amenazas”, concluyó el analista político. VSC

 

 

 

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La ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto hasta la semana 16 de gestación, generó gran polémica a nivel nacional.

 

Esta propuesta fue desaprobada por la Corte, la cual se declaró inhibida al considerar que la demanda era inepta y no cumplía con los requisitos para poder hacer un pronunciamiento de fondo.

 

Victor Armenta, abogado, exnotario, especialista en Derecho Administrativo y docente, y Henry González, relacionista internacional, con maestría en Relaciones Internacionales, en Educación Ambiental y actualmente cursando una maestría en Filosofía Política, hicieron un análisis de la decisión de la corte y argumentaron sobre sus posturas frente al aborto.

 

El aborto es un tema que despierta cierta sensibilidad en la sociedad colombiana. Actualmente, el país permite la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) cuando existen casos de malformación del feto incompatibles con la vida, si el embarazo fue producto de una violación y si representa un peligro inminente para la vida de la madre.

 

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Tras la decisión del alto tribunal, las cosas quedan tal cual como estaban. El aborto seguirá siendo permitido bajo las tres causales establecidas desde el año 2006.

 

“Estamos en un país totalmente conservador, arraigado a sus creencias católicas y está bien, tienen derecho a pensar como deseen. Sin embargo, el presidente de la república, Iván Duque, lanzó ciertas declaraciones que hicieron presión sobre la Corte. Pienso que no fue correcto declararse como una persona 'provida' sabiendo que él es el presidente de todos los colombianos, no solo de esa parte”, argumentó el docente Henry González.

 

Los dos expertos Uniautónoma coincidieron en que la decisión del alto tribunal fue “salomónica” y para no generar mayor controversia entre ambas partes, continuar con las políticas establecidas era la salida al debate. “La Corte tomó una decisión salomónica, trató de complacer a todos. A los que están a favor del aborto los dejó con las tres causales permitidas y a aquellos que están en contra simplemente no realizó ningún cambio de fondo”, afirmó González.

 

Por su parte, Victor Armenta expresó que “fue una decisión que no compromete la constitucionalidad y está enmarcada dentro del estado social de derecho que somos”.

 

Según el docente, pretender que se permita el aborto fuera de estas tres causales no es correcto “tenemos una Constitución que nos costó trabajo. El artículo 11 plantea el derecho a la vida, es inviolable. Dar un paso como este implica sobrepasar límites que la Constitución establece”.

 

Por otro lado, el internacionalista planteó que Colombia necesita aprobar el aborto sin ningún tipo de restricciones y seguir el ejemplo de “muchos otros países donde esta práctica es totalmente legal”. Para el profesor, esto sería un avance y “dar un paso a favor de los derechos de las mujeres”, porque considera que “deben tener la total libertad para decidir sobre lo que desean hacer con sus cuerpos”.

 

Sobre lo anterior, Armenta argumentó que “la mujer es libre para decidir sobre su cuerpo, sin embargo, esa libertad de la mujer incide en una vida completamente formada a partir de los 4 meses de gestación”.

 

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Armenta aseveró que es un debate complejo y su aprobación no será fácil. “Una posible salida al debate podría ser incorporar una nueva causal de aborto, que la mujer sea libre de decidir si desea abortar o no pero hasta cierto tiempo que no coloque en riesgo la vida de ambas partes, en 16 semanas es un ser bien formado”, indicó.

 

Henry González destacó que las raíces para ir en contra del aborto se basan en lo político. “La cuestión del aborto es un tema político, no moral. Las posiciones de muchas personas que se encuentran en contra de este tema se arraigan en la política, no les interesa en lo absoluto los derechos de las mujeres”, manifestó.

 

Otra de las razones que las organizaciones y grupos sociales citan a favor del aborto es la reducción de muertes por abortos clandestinos. Sobre esto, González concordó en que es vital que se apruebe el aborto para brindarles mejores condiciones a las mujeres durante este procedimiento. “Las condiciones en las que a la mujer se le confina para practicar un aborto ilegal representan un peligro para su vida, quienes más sufren ellas, las mujeres”, sostuvo el docente.

 

Por su parte, Armenta expresó que la situación de la interrupción clandestina no se va a acabar aunque lo legalicen. “Es un tema parecido al consumo de drogas, aunque está permitido el consumo de ciertas dosis, no se ha acabado la drogadicción ni el tráfico de drogas. No veo una relación clara de causalidad donde se acaben los abortos clandestinos se se amplían las posibilidades de aborto”, enfatizó Armenta, abogado especialista en Derecho Administrativo y docente de Derecho Constitucional.

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El constitucionalista planteó que se trata de un tema netamente cultural, además, estas prácticas se han vuelto un negocio que no implica ningún tipo de trámite, por ende “es una mala práctica que no necesariamente se va a acabar con el hecho de legalizar el aborto en el país”.

 

Otra razón que utilizan a favor de la despenalización del aborto es que permitiría que las familias en situaciones de pobreza sigan trayendo hijos que difícilmente podrán mantener. “Esto es completamente FALSO. No se necesitan ampliar posibilidades de aborto ni políticas de prohibición. Se necesita educación, esto es un tema fundamentalmente de educación”, destacó Armenta.

 

Según el docente, los temas demográficos son preocupantes pero lo que debe hacer el estado es promover la educación, la maternidad y los embarazos responsables, porque “al estado le corresponde educar a la sociedad”.

 

González, por su parte, insistió en que la situación económica es un factor que influye en esta decisión. “Nadie habla de la situación económica. Aquellos que se hacen llamar ‘provida’ y juzgan a quienes desean abortar, les pregunto ¿Ustedes van a mantener al bebé? Es difícil, la situación económica de muchas familias y jovencitas que a los 16, 17 y 18 años quedan embarazadas, de escasos recursos, no da para seguir trayendo hijos al mundo”, manifestó el docente, relacionista internacional, con maestría en Relaciones Internacionales, en Educación Ambiental y actualmente cursa una maestría en Filosofía Política.

 

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Caso ‘Juan Sebastián’.

A inicios de este año se hizo tendencia en redes el llamado desesperado de Juan Pablo Medina, un joven de 25 años que pidió apoyo en las redes sociales y medios de comunicación para que su novia, quien tenía 7 meses de embarazo, desistiera de abortar.

 

El aborto finalmente se dio y este caso generó polémica a nivel nacional dada las avanzadas semanas de gestación que presentaba la mujer. Los médicos consideran que al séptimo mes de embarazo, los bebés están completamente formados y podría decirse que ‘casi listos’ para nacer. Este caso dio paso al debate del papel que juegan los padres a la hora de tomar decisiones que afecten la vida del feto.

 

Según Armenta, docente del programa de Derecho, “el padre debería tener incidencia en esta decisión ¿Por qué no debería? El padre también es parte importante de la concepción del bebé. Debería establecerse que a partir de un determinado tiempo, si hay deseos de abortar, debe darse la aprobación ambas partes. Es un debate complejo”.

 

Mientras que, González hizo énfasis en que “casos como este hacen parte de la excepción, la regla son los primeros meses. Lo ideal para realizar esta práctica es que se dé durante los primeros meses de gestación, pero la decisión debe ser de la mujer”.

 

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¿Colombia está preparada?

“No se puede justificar una postura política hablando de preparación. En Colombia las creencias y convicciones sociales están muy arraigadas. A la sociedad le ha costado ceder en temas de matrimonio igualitario, adopción de menores en parejas del mismo sexo y muchos otros; sin embargo, hemos avanzado, las nuevas realidades así lo exigen”, afirmó el abogado Armenta.

 

Añadió que “la sociedad ha cedido bastante, y en este punto, fundamentalmente, está en juego el derecho a la vida, salirnos de las tres causales establecidas desboraría los límites del Estado Social de Derecho que somos”.

 

Por su parte, el internacionalista González reafirmó su postura indicando que en Colombia debe primar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y las consecuencias que puede generar traer al mundo un bebé que no va a gozar de óptimas condiciones de vida, como en el caso de las familias de escasos ingresos que suelen contraer embarazos con mayor frecuencia y no poseen recursos económicos para la manutención del menor.

 

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La nueva Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 del 2019 y Decreto 2270 de 2019) es el tema principal del Seminario de Actualización Tributaria y Contable que se realizará en el Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma del Caribe, los días 11 y 12 de febrero próximos.

 

Durante dos días el auditorio J se convertirá en el espacio donde los profesionales y personas con intereses en temas tributarios podrán renovar sus conocimientos y tendrán la posibilidad de entender los cambios que trae la nueva ley que reglamenta las obligaciones contables, además de las actualizaciones de las normas internacionales de contabilidad.

 

Es por eso que los temas serán abordados por reconocidos expertos tributaristas (abogados y contadores públicos), quienes disertarán sobre diferentes temas como: el Impuesto de Renta de personas naturales, personas jurídicas, dividendos, impuesto al patrimonio, normalización tributaria, IVA, impuesto al consumo, abuso tributario, rentas exentas, beneficios tributarios, tributación internacional, régimen simple de tributación, procedimiento tributario y la actualización contable, entre otros.

 

El evento inicia a la 1 de la tarde del martes 11 de febrero y tendrá como ponente a Carlos Aroca Lara, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster y especialista en Derecho Tributario, además de docente de la especialización en Tributación de la Universidad Autónoma del Caribe. Los temas que tocará el prestigioso abogado serán: Transición de las normas tributarias – Impuesto de renta – Personas naturales – Personas jurídicas. Dividendos – Régimen simple – Retención en la fuente.

 

El segundo día comenzará a las 8 de la mañana con el abogado Mauricio Marín Elizalde, especialista en Derecho Administrativo y en Gestión de Entidades Territoriales, magíster en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales de España – UNED; quien abordará temas como: Tributación Internacional – Establecimientos permanentes – ECE – Enajenación directa – Régimen de compañías holding colombianas.

 

Seguirá a las 10:30 de la mañana Andrés Medina Salazar, especialista en Derecho Tributario, magíster en Derecho con énfasis en tributación, docente de la especialización en Derecho Tributario y de la maestría en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia; cuyos temas principales serán: Procedimiento tributario – Responsables solidarios – Impuesto al patrimonio – Normalización tributaria – Beneficios de auditoría.

 

Luego de un receso, estará a las 2 de la tarde José Castañeda Durán, magíster en Derecho Tributario, especialista en Gerencia y Administración Tributaria y Derecho Tributario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Los temas del abogado Castañeda serán: Impuesto sobre las ventas – IVA – Nuevo régimen de responsables – Bases gravables Zonas Francas – Servicios digitales – Bienes y servicios gravados – Impuesto nacional al consumo – INC. 

 

Por último, a las 4:30 de la tarde dará su conferencia Luis Moya Moreno, contador público, especialista Auditoría Internacional, Revisoría Fiscal y Estándares Internacionales de Información Financiera y magíster en Finanzas Corporativas. Miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, Director por Colombia ante el GLENI y consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, designado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sus temas serán: Actualización normativa contable y de información financiera del Decreto 2270 de 2019 – Actualización del marco conceptual CINIIF 23 – Combinación de negocios – Actualización del Anexo N°4 de las normas de aseguramiento de la información – Cambios de la NIA 701 - Cambios en la ISAE 3000 – Otros cambios.

 

 

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en los correos: o en los teléfonos 3008156063 – 3058608917. La inversión para estudiantes y egresados es de $340.000, mientras que para particulares el valor es de $400.000. También aplican descuentos grupales: De 3 a 5 participantes 10%; de 6 a 10 participantes 11%, y de 11 en adelante 20%.

 

 

El Seminario de Actualización es organizado por la Universidad Autónoma del Caribe, a través de su facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, su programa de Contaduría Pública, y las especializaciones de Revisoría Fiscal, Auditoría Externa, Tributación, Finanzas y Gestión Financiera Pública.

 

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