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Tras el anuncio realizado por el Congreso de la República sobre la aprobación del proyecto de ley que propone la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país, dos expertos de la Universidad Autónoma del Caribe, la directora del programa de Derecho, Victoria Rodríguez, y el docente Henry González, analizaron la viabilidad de la reforma.

 

Henry González se mostró en total desacuerdo con este acto legislativo al considerarlo como un beneficio para los victimarios que les proporciona una “pensión de por vida”. “Personalmente no estoy de acuerdo con la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Considero que las personas que son capaces de cometer esos horribles actos no merecen que les otorguemos una pensión de por vida. ¿Para qué tenerlos allí recluidos?, ¿Qué beneficio recibe la sociedad?”, argumentó el docente.

 

Por su parte, Victoria Rodríguez consideró que esta propuesta de ley podría significar un paso adelante en la lucha contra este flagelo que ha golpeado y sigue golpeando a los niños de Colombia. “Había una necesidad imperante que pedía a gritos una sanción ejemplarizante para los violadores de niños y se buscaba encontrar una sanción que permitiera minimizar esta clase de actos, por decir que ojalá pudieran desaparecer por completo de los contextos”, aseguró la docente.

 

No es la primera vez que en Colombia se hace un intento por establecer esta condena, de hecho, la bandera de esta reforma la inició llevando la ex senadora Gilma Jiménez, quien desde el año 2008 realizó múltiples intentos en busca de la aprobación del proyecto de ley. Más tarde, en el año 2017, Yohana (hija de Jiménez), retomó la propuesta su madre e impulsó nuevamente la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

 

A pesar de que el Congreso de la República aprobó este proyecto de ley con 77 votos a favor y 0 en contra, aún queda la revisión de la Corte Constitucional. Sobre lo anterior, los expertos plantearon que es muy probable que esta propuesta no tenga futuro al considerarla inconstitucional, teniendo en cuenta algunos tratados internacionales de los que hace parte Colombia y le impiden establecer este tipo de condenas en el país.

 

Según Henry González, esta propuesta fue aprobada en el Congreso por razones populistas, pues, la ley es inconstitucional y va en contra de algunos compromisos internacionales adquiridos por Colombia. Del mismo modo, Victoria Rodríguez apuntó que Colombia podría ser denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en caso de incumplir con estos tratados.

 

“Los convenios internacionales que ratifica el país deben prevalecer en el orden interno, esto es el llamado bloque de constitucionalidad y no se puede ir en contra de lo que establezca ese protocolo. El pacto internacional de los derechos civiles y políticos destinados a abolir la pena de muerte fue asumido y ratificado por Colombia a través de la ley 297 de 1996, en el que también se incluye la cadena perpetua”, señaló la directora del programa de Derecho.

 

La Corte Constitucional deberá revisar si esta propuesta de ley cumplió con todos los requisitos de constitucionalidad establecidos y si se dio el trámite correcto. De acuerdo con Victoria Rodríguez, también es importante analizar la capacidad de las cárceles en el país y estudiar los requisitos que deben cumplir estos establecimientos para recibir a estas personas declaradas responsables por este delito, las cuales estarían hasta su muerte en prisión. VSC

 

Publicado en Noticias Generales

La quinta y última conferencia de la jornada del primer Congreso Internacional de Seguridad 2020, organizado por la Universidad Autónoma del Caribe, estuvo a cargo de Jorge Padilla y llevó por nombre "Protección colectiva en tiempos de covid-19". Este espacio liderado por el experto costarricense estuvo marcado por un profundo discurso enfocado a la seguridad y protección de las personas en materia de derechos humanos teniendo en cuenta la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial por la COVID-19.

 

Jorge Padilla es abogado internacionalista y máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III (Tercero) de Madrid. Tiene 20 años de experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es conferencista y docente de diversas universidades del continente.

 

La protección colectiva y los derechos humanos, según Padilla, son temáticas de vigor que se han catapultado en una época de absoluta necesidad, tal como la que estamos viviendo en estos momentos. "La pandemia nos ha demostrado que es una emergencia de derechos humanos. Hay una serie de cuestiones estructurales que se han detonado de una manera acelerada, el virus ha mostrado todo aquello que carecía de una visión de derechos humanos", afirmó Padilla.

 

El docente aseguró que, en medio de la crisis, se han "destapado todas las ollas de presión", en las que se destacan temas estructurales de discriminación, racismo y políticas públicas inadecuadas.

 

El reto que tienen todos los gobiernos a nivel mundial, de acuerdo con Padilla, es analizar las instituciones en busca de orientar las políticas públicas hacia la promoción de los derechos humanos, teniendo en cuenta las diferentes condiciones sociales de la población, garantizando la calidad de vida digna para todos.

 

"Muchas políticas públicas han demostrado una serie de falencias y carencia de rigor desde el punto de vista estructural y los contenidos esenciales", señaló.

 

A pesar de que históricamente se han presentado diversas emergencias, el experto apuntó que ninguna había sigo igual a esta. El mundo nunca antes había sufrido algo de manera unísona, todas las economías y actividades se han paralizado al mismo tiempo, y muchos países han tenido que suspender las garantías y libertades para contener la emergencia.

 

En materia de derechos humanos, hay un flagelo que ha hecho presencia en la sociedad desde hace tiempo: la corrupción. Según Padilla, se necesita proteger de manera colectiva los derechos humanos, y para eso, hay que analizar la manera en que las políticas públicas están dando respuesta a las personas.

 

El máster en Derechos Humanos aseguró que la pandemia ha evidenciado que no existen diferencias políticas, estratos sociales ni condiciones que exenten a las personas de sufrir el virus.

 

¿Cómo garantizar la protección colectiva?

Padilla sostuvo que la seguridad es un asunto multisistémico, por lo que, hay que enfocarse en aquellas propuestas de multidimensionalidad de la seguridad que permitan el entendimiento de los efectos de la protección en los estados, la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia.

 

"No se trata de llenar las calles de policías", aclaró el experto. Lo que deben buscar los gobiernos es generar condiciones óptimas para la igualdad de derechos y el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y multisistémico de todas las personas.

 

Durante la conferencia, Padilla hizo énfasis en la población rural y la falta de garantías en derechos humanos que sufren las personas que viven en la ruralidad. "No es lo mismo ser personas en las capitales que en la ruralidad. Muchas de las decisiones y políticas públicas son tomadas desde una perspectiva centralista. En las grandes ciudades hay un buen funcionamiento, pero hay que aplicar un enfoque eficaz de seguridad para cumplirle a la población rural con las garantías de derechos humanos que merecen", puntualizó.

 

La emergencia por la COVID-19, de acuerdo con el docente, ha llevado al crecimiento de las brechas en materia de bienestar, acceso a servicios y educación. Los estados deben trabajar de manera articulada para brindar condiciones sociales que aseguren equidad en la economía, seguridad, salubridad y seguridad alimentaria de la comunidad.

 

El experto concluyó expresando que los gobiernos tienen la tarea de pensar en cómo solventar todo lo que se hizo en este gran paréntesis llamado COVID-19 y de qué manera se arreglarán las problemáticas que se venían presentando con anterioridad a la llegada del virus.

 

La seguridad, el bienestar social y los recursos deben tener un mejor enfoque. Existe una obligación de respeto y garantías orientadas a las personas. Una educación en derechos humanos, según postuló el costarricense, es el mejor vehículo para cambiar a una educación transformadora.

 

"No se trata de sentirnos seguros y cómodos, sino de que el estado proporcione condiciones óptimas para la vigencia de los derechos humanos en la sociedad", finalizó Padilla. VSC

Publicado en Noticias Generales

La ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto hasta la semana 16 de gestación, generó gran polémica a nivel nacional.

 

Esta propuesta fue desaprobada por la Corte, la cual se declaró inhibida al considerar que la demanda era inepta y no cumplía con los requisitos para poder hacer un pronunciamiento de fondo.

 

Victor Armenta, abogado, exnotario, especialista en Derecho Administrativo y docente, y Henry González, relacionista internacional, con maestría en Relaciones Internacionales, en Educación Ambiental y actualmente cursando una maestría en Filosofía Política, hicieron un análisis de la decisión de la corte y argumentaron sobre sus posturas frente al aborto.

 

El aborto es un tema que despierta cierta sensibilidad en la sociedad colombiana. Actualmente, el país permite la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) cuando existen casos de malformación del feto incompatibles con la vida, si el embarazo fue producto de una violación y si representa un peligro inminente para la vida de la madre.

 

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Tras la decisión del alto tribunal, las cosas quedan tal cual como estaban. El aborto seguirá siendo permitido bajo las tres causales establecidas desde el año 2006.

 

“Estamos en un país totalmente conservador, arraigado a sus creencias católicas y está bien, tienen derecho a pensar como deseen. Sin embargo, el presidente de la república, Iván Duque, lanzó ciertas declaraciones que hicieron presión sobre la Corte. Pienso que no fue correcto declararse como una persona 'provida' sabiendo que él es el presidente de todos los colombianos, no solo de esa parte”, argumentó el docente Henry González.

 

Los dos expertos Uniautónoma coincidieron en que la decisión del alto tribunal fue “salomónica” y para no generar mayor controversia entre ambas partes, continuar con las políticas establecidas era la salida al debate. “La Corte tomó una decisión salomónica, trató de complacer a todos. A los que están a favor del aborto los dejó con las tres causales permitidas y a aquellos que están en contra simplemente no realizó ningún cambio de fondo”, afirmó González.

 

Por su parte, Victor Armenta expresó que “fue una decisión que no compromete la constitucionalidad y está enmarcada dentro del estado social de derecho que somos”.

 

Según el docente, pretender que se permita el aborto fuera de estas tres causales no es correcto “tenemos una Constitución que nos costó trabajo. El artículo 11 plantea el derecho a la vida, es inviolable. Dar un paso como este implica sobrepasar límites que la Constitución establece”.

 

Por otro lado, el internacionalista planteó que Colombia necesita aprobar el aborto sin ningún tipo de restricciones y seguir el ejemplo de “muchos otros países donde esta práctica es totalmente legal”. Para el profesor, esto sería un avance y “dar un paso a favor de los derechos de las mujeres”, porque considera que “deben tener la total libertad para decidir sobre lo que desean hacer con sus cuerpos”.

 

Sobre lo anterior, Armenta argumentó que “la mujer es libre para decidir sobre su cuerpo, sin embargo, esa libertad de la mujer incide en una vida completamente formada a partir de los 4 meses de gestación”.

 

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Armenta aseveró que es un debate complejo y su aprobación no será fácil. “Una posible salida al debate podría ser incorporar una nueva causal de aborto, que la mujer sea libre de decidir si desea abortar o no pero hasta cierto tiempo que no coloque en riesgo la vida de ambas partes, en 16 semanas es un ser bien formado”, indicó.

 

Henry González destacó que las raíces para ir en contra del aborto se basan en lo político. “La cuestión del aborto es un tema político, no moral. Las posiciones de muchas personas que se encuentran en contra de este tema se arraigan en la política, no les interesa en lo absoluto los derechos de las mujeres”, manifestó.

 

Otra de las razones que las organizaciones y grupos sociales citan a favor del aborto es la reducción de muertes por abortos clandestinos. Sobre esto, González concordó en que es vital que se apruebe el aborto para brindarles mejores condiciones a las mujeres durante este procedimiento. “Las condiciones en las que a la mujer se le confina para practicar un aborto ilegal representan un peligro para su vida, quienes más sufren ellas, las mujeres”, sostuvo el docente.

 

Por su parte, Armenta expresó que la situación de la interrupción clandestina no se va a acabar aunque lo legalicen. “Es un tema parecido al consumo de drogas, aunque está permitido el consumo de ciertas dosis, no se ha acabado la drogadicción ni el tráfico de drogas. No veo una relación clara de causalidad donde se acaben los abortos clandestinos se se amplían las posibilidades de aborto”, enfatizó Armenta, abogado especialista en Derecho Administrativo y docente de Derecho Constitucional.

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El constitucionalista planteó que se trata de un tema netamente cultural, además, estas prácticas se han vuelto un negocio que no implica ningún tipo de trámite, por ende “es una mala práctica que no necesariamente se va a acabar con el hecho de legalizar el aborto en el país”.

 

Otra razón que utilizan a favor de la despenalización del aborto es que permitiría que las familias en situaciones de pobreza sigan trayendo hijos que difícilmente podrán mantener. “Esto es completamente FALSO. No se necesitan ampliar posibilidades de aborto ni políticas de prohibición. Se necesita educación, esto es un tema fundamentalmente de educación”, destacó Armenta.

 

Según el docente, los temas demográficos son preocupantes pero lo que debe hacer el estado es promover la educación, la maternidad y los embarazos responsables, porque “al estado le corresponde educar a la sociedad”.

 

González, por su parte, insistió en que la situación económica es un factor que influye en esta decisión. “Nadie habla de la situación económica. Aquellos que se hacen llamar ‘provida’ y juzgan a quienes desean abortar, les pregunto ¿Ustedes van a mantener al bebé? Es difícil, la situación económica de muchas familias y jovencitas que a los 16, 17 y 18 años quedan embarazadas, de escasos recursos, no da para seguir trayendo hijos al mundo”, manifestó el docente, relacionista internacional, con maestría en Relaciones Internacionales, en Educación Ambiental y actualmente cursa una maestría en Filosofía Política.

 

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Caso ‘Juan Sebastián’.

A inicios de este año se hizo tendencia en redes el llamado desesperado de Juan Pablo Medina, un joven de 25 años que pidió apoyo en las redes sociales y medios de comunicación para que su novia, quien tenía 7 meses de embarazo, desistiera de abortar.

 

El aborto finalmente se dio y este caso generó polémica a nivel nacional dada las avanzadas semanas de gestación que presentaba la mujer. Los médicos consideran que al séptimo mes de embarazo, los bebés están completamente formados y podría decirse que ‘casi listos’ para nacer. Este caso dio paso al debate del papel que juegan los padres a la hora de tomar decisiones que afecten la vida del feto.

 

Según Armenta, docente del programa de Derecho, “el padre debería tener incidencia en esta decisión ¿Por qué no debería? El padre también es parte importante de la concepción del bebé. Debería establecerse que a partir de un determinado tiempo, si hay deseos de abortar, debe darse la aprobación ambas partes. Es un debate complejo”.

 

Mientras que, González hizo énfasis en que “casos como este hacen parte de la excepción, la regla son los primeros meses. Lo ideal para realizar esta práctica es que se dé durante los primeros meses de gestación, pero la decisión debe ser de la mujer”.

 

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¿Colombia está preparada?

“No se puede justificar una postura política hablando de preparación. En Colombia las creencias y convicciones sociales están muy arraigadas. A la sociedad le ha costado ceder en temas de matrimonio igualitario, adopción de menores en parejas del mismo sexo y muchos otros; sin embargo, hemos avanzado, las nuevas realidades así lo exigen”, afirmó el abogado Armenta.

 

Añadió que “la sociedad ha cedido bastante, y en este punto, fundamentalmente, está en juego el derecho a la vida, salirnos de las tres causales establecidas desboraría los límites del Estado Social de Derecho que somos”.

 

Por su parte, el internacionalista González reafirmó su postura indicando que en Colombia debe primar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y las consecuencias que puede generar traer al mundo un bebé que no va a gozar de óptimas condiciones de vida, como en el caso de las familias de escasos ingresos que suelen contraer embarazos con mayor frecuencia y no poseen recursos económicos para la manutención del menor.

 

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