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Uniautónoma, sede de la mesa deliberativa sobre políticas públicas en atención a la discapacidad

Miércoles, 26 Octubre 2016 09:47
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Uniautónoma fue sede de la mesa deliberativa sobre las políticas públicas en atención a la discapacidad, que realizó la Contraloría General de la Nación. Un encuentro al que asistieron diferentes delegados del gobierno y representantes de los consejos municipales y departamentales del Atlántico por las personas con discapacidad, con el objeto de poner atención sobre la implementación de políticas públicas de inclusión que dinamicen y fortalezcan las competencias ciudadanas en los procesos participativos.
Al respecto, Marcial Enrique Cano Acuña, gerente departamental de la Contraloría, apuntó que “es importante promover espacios de atención integral a las personas con discapacidad, donde se generen compromisos al que la ciudadanía y la Contraloría realicen seguimiento. A su vez, vigilancia y control de recursos públicos de los programas de gestión de políticas de inclusión”.

Seguidamente en el encuentro participó Fernando Borda, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad, quien enfatizó sobre el papel de la academia en la construcción de políticas de inclusión. “Este es un evento académico desde donde prima la igualdad y la diversidad. En nuestras aulas se promueve el sentido de cooperación y hermandad, desde la Constitución, a las personas con discapacidad. Ahora bien, debemos entender las mayorías como protectores de los derechos constitucionales de las minorías. Es necesario fortalecer las iniciativas de trabajo, de empleo y educación”.

En este mismo sentido, Rosa Gutiérrez, directora del Consultorio Jurídico de la institución, explicó que desde las universidades se han creado políticas institucionales que responden a las normas internacionales como en proyección, extensión e investigación. Acciones que Uniautónoma ha promovido desde Rundis, Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como resultado de la alianza entre el Ministerio de Justicia y las facultades de Derecho de todo el país, la cual busca la articulación de la investigación, la práctica y el conocimiento generado alrededor de los derechos de las personas con discapacidad.

“De manera particular la universidad ha hecho capacitaciones, divulgaciones, asesoría jurídica e investigación en políticas públicas desde el Consultorio Jurídico, que han contribuido a la defensa de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que tienen los mismos derechos. Es necesario, por ejemplo, capacitar sobre el lenguaje y el tratamiento de la inclusión. Hemos hecho trabajo de campo en diferentes instancias, como los escenarios deportivos, parques, juntas de acción de comunal, colegios, fundaciones privadas y entes púbicos. Se debe fortalecer la lucha contra la muerte civil a las personas con discapacidad, consideradas sin posibilidad del ejercicio ciudadano y participativo”, afirmó Gutiérrez.

Al respecto, La Autónoma del Caribe ha diseñado estrategias de divulgación como folletos y un programa en Radio Cultural Uniautónoma, llamado Hablemos Derecho, desde donde se han producido contenidos en pro de la conciencia y el compromiso de cooperación a las personas con discapacidad.

Por otra parte, Helmer Cabrera Ramos, director de Promoción y Desarrollo de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, habló de la necesidad de impulsar iniciativas para hacer valer los derechos de inclusión desde los diferentes sectores de la sociedad, pues en algunas ocasiones las políticas públicas no salen de un documento escrito, no tienen una implementación. “Hay que seguir con detenimiento las medidas y acciones que debe, por ejemplo, tomar el Estado, al proteger diferencialmente a esta población, lo cual no se ve materializado en acciones concretas. Se crean comités sin una atención integral. El objetivo es fortalecer las entidades que velen por la inclusión en materia de participación ciudadana”, continuó afirmando Cabrera.

Para la Contraloría, crear políticas de inclusión no es resultado de acciones de solidaridad social, sino de ley, de allí que en el Atlántico se han dado resultados significativos. Por ejemplo, 70 graduados del Diplomado en Derechos para Personas con Discapacidad. También se han creado veedurías en Juan de Acosta y Candelaria. La invitación final para el ente público fue fortalecer las redes de veedurías con personas con discapacidad en todo el país, hacer control social con apoyo de la ciudadanía.
Como delegado del Gobierno, participó Juan Pablo Salazar Salamanca, director del Plan Presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, quien reflexionó sobre el hecho de cómo articular las acciones públicas de inclusión desde la Presidencia con los territorios. “Aquí nadie se está inventando ideas, sino ratificando derechos que han sido propuestos desde las Naciones Unidas. El problema es que somos considerados personas enfermas y no ciudadanos con derechos. 200 años diciendo que estamos enfermos, de allí que se impulsan acciones de objetos de asistencia y no sujetos de derecho”.

Para Salazar, no se pueden establecer políticas de salud asistencialistas o de caridad sino de generación de equidad en derechos e inclusión. Es necesario, según el mismo Gobierno, hacer adecuaciones en la legislación, para que con el tiempo se logre influir en los imaginarios sociales, un trabajo desde cada ministerio y desde cada territorio. En este sentido, se está promoviendo la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Ley que genera desafíos de negociaciones no sólo entre el gobierno sino la misma sociedad civil.

Finalmente, se ratificaron compromisos para permitir que las iniciativas de inclusión ante los consejos y las entidades gubernamentales representen acciones concretas. “Es necesario estar en conexión, articulados con las necesidades de todas las regiones, de todo el país, ya que en ocasiones lo departamental no llega a las instancias nacionales. Conectar el sistema, organizar la sociedad civil, que exista un empoderamiento de la ciudadanía”, terminó argumentando Salazar.

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