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Hasta el momento, se habla de levantar la cuarentena el próximo 27 de abril, lo que depende del descenso de la curva de contagios y, por el contrario, del aumento de casos que superan el virus.

 

Falta solo 10 días para ello, pero no se sabe si la medida pueda ser extendida, razón por la que aún es pertinente informarte sobre los castigos que enfrenta quien viole el código de seguridad, obligatorio. Con solo salir de tu casa, sin motivo alguno, lo estarías haciendo.

 

No te expongas. Por tu libertad y bolsillo, quédate en casa y continúa leyendo.

 

Primero, lo primero.

El origen del confinamiento, como regla, para todos, es el Decreto 457 de marzo del presente año, en virtud del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, acorde con lo previsto en el artículo 215 de nuestra Carta Política, según Rosa Gutiérrez, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe.

 

De acuerdo con Gutiérrez, abogada y egresada nuestra, la declaratoria anterior permitió al Presidente de la Republica el adoptar medidas extraordinarias y excepcionales, así como preventivas para “conjurar las causas que dieron origen a su declaratoria”, explica la jurista.

 

Básicamente esa es la razón por la que se ordenó la cuarentena en casa -con base al decreto 457 del 25 de marzo del año que corre- y por la que se extendió, todo por preservar tu salud, vida e integridad, la de los tuyos y la de todos los habitantes en el territorio nacional. Cabe recordar, que esta medida se tomó de forma tardía en países como Italia y España. También se dio de ese modo en Estados Unidos y las cifras de contagio dan cuenta de ello.

 

“Quien no acate la orden del Gobierno Nacional de guardar la cuarentena, se les acusará del delito de Violación de Medidas Sanitarias previsto en el artículo 368 del Código Penal, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y/o las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016”, advierte la funcionaria.

 

De hecho, “a quienes sean sorprendidos violando las medidas sanitarias y de seguridad, ordenadas por el gobierno nacional, se le aplicarán sanciones de orden penal, como lo establece el artículo 368 del Código Penal: privación de la libertad entre 4 a 8 años y multas hasta de diez mil salarios mínimos legales vigentes”, agrega Gutiérrez, también magíster en Derecho Procesal.

 

Policía multando.jpg

 

Lo anterior significa que podrías pagar hasta 9 millones 806.570 pesos, por salir a la calle, sin que tu objetivo sea la salud, abastecimiento de comida, elementos de aseo o pago de servicios.

 

Lo mencionado, conforme el dictamen de la ley, tampoco se trata de un extremo que indique una pena mayor, como si se fuere un homicidio. Es así que “el decreto 457 del 22 de marzo del año que corre -por el cual se desarrolla el decreto del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica- solo contempla la privación de la libertad y sanciones de carácter pecuniario” reitera la entrevistada.

 

Siendo clara la amonestación, también debe establecerse que las consecuencias de este castigo, hasta el momento, no suponen un record que afectaría tu salida del país o la hoja de vida al momento de ser contratado en una empresa, de acuerdo con Gutiérrez.

 

“Esta medida no estaba se encontraba prevista en el artículo 215 de nuestra Constitución Nacional, como Estado de Excepción, que otorga al presidente de la republica de facultades extraordinarias para tomar este tipo de decisiones”, añade la abogada, por lo que, en caso de ser sorprendido, la imposición de cargos sería totalmente legal.

 

Independientemente de su profesión, Gutiérrez recomienda a toda la comunidad Uniautónoma “que acaten la medida de aislamiento que se ordenó, ya que estadísticamente se ha demostrado que esta es la alternativa que ha resultado ser la más eficaz, ante la inexistencia de una cura o vacuna confirmada y a nuestro alcance, en contra del Coronavirus, para contener su propagación”.

 

Para terminar, y como abogada, Gutiérrez sugiere “evitar exponerte y también a quienes te rodean, al riesgo de muerte, a una amenaza contra tu calidad de vida y a ser castigado (a) con multas y condenas por la vulneración de tipos penales”. JSN

 

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Un derecho de petición es una solicitud que se puede hacer de manera verbal o escrita, y según el artículo 23 de la Constitución, es un derecho inherente al ser humano que goza de protección especial. Esta declaración permite realizar peticiones, solicitudes, quejas y reclamos a cualquier entidad pública o privada.

 

Muchas personas a la hora de realizar este trámite se confunden en la redacción o no saben cómo estructurarlo correctamente. Víctor Armenta, docente abogado de la Universidad Autónoma del Caribe, explicó los puntos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un derecho de petición.

 

“Hay tres motivos por los cuales se puede radicar un derecho de petición: solicitud general, copias de documentos o consulta. En el primer caso, el tiempo de respuesta debe ser de 15 días; en el segundo, de 10 días; y en el tercero, de 30 días como máximo. Sin embargo, se considera que todas las peticiones deben responderse en un tiempo aproximado de 15 días”, afirmó Armenta.

 

Según el docente, la ventaja del derecho de petición es que cualquier persona de forma directa puede levantar este trámite ante cualquier entidad. Y a diferencia de lo que consideran muchas personas, la empresa no necesariamente debe responder a favor del solicitante.

 

“La obligación de la empresa es contestar el asunto al cual se refirió la persona, sin evasivas. La entidad puede responder positiva o negativamente a la solicitud, no se trata de complacer a la persona. Lo que sí es obligación es contestar dentro del término establecido y con referencia al tema que exige la persona”, aclaró el abogado.

 

No es necesario llevar el documento listo desde casa, la persona puede acercarse directamente a la empresa a la cual va a dirigir la solicitud y radicarla allí mismo, de forma verbal o escrita, aunque se recomienda hacerla por escrito, pues queda la constancia del documento.

 

El derecho de petición debe contener la siguiente información:

- Nombre de la entidad a la cual va dirigido.

- Nombre del funcionario (cuando está involucrado en el hecho a describir en la solicitud).

- Datos de la persona que solicita (nombre completo, cédula de ciudadanía, dirección a la que enviar respuesta, ya sea correo electrónico o dirección física).

- Descripción del caso (¿Qué es lo que pides? Debes describirlo de manera clara y precisa).

- Firma de la persona que solicita.

 

El contenido del escrito no necesariamente debe incluir una ley, como suelen creer muchas personas. Existe un marco legal que fundamenta este derecho, el artículo 23 de la Constitución que lo respalda como derecho, y la ley 1755 de 2015 mediante la cual se establecen los requisitos y términos dentro de los que debe desarrollarse un derecho de petición.

 

“Como este recurso no está hecho para que lo manejen abogados sino para que sea utilizado por cualquier ciudadano, no es necesario que se fundamente en una norma, el ciudadano no está obligado a citar normas legales en el derecho de petición”, explicó Armenta.

 

Cuando se radica un derecho de petición, a partir del día siguiente empiezan a correr los 15 días hábiles para responder a la solicitud. En caso de que la empresa no responda dentro del plazo establecido, se está vulnerando el derecho y el solicitante puede recurrir a una tutela.

 

A modo de sugerencia, el docente Armenta manifestó que aquellas personas que tengan la intención de tramitar un derecho de petición, lo hagan con razones válidas “las circunstancias deben justificarlo, un derecho de petición no debe ser utilizado como deporte. Hay que saber diferenciar cuándo amerita utilizar este recurso”. VSC

 

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Luego de que la Junta Directiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciara la decisión de aplazar la Asamblea del BID por la alerta de Coronavirus, los expertos de la Universidad Autónoma del Caribe, Gabriel Orozco Restrepo, Sandra Osorio Bastos y Karen Martínez Monsalve, analizaron los puntos a favor y en contra de esta determinación.

 

Gabriel Orozco Restrepo es filósofo, analista internacional, consultor en temas de desarrollo y consultor en medios nacionales e internacionales; Sandra Osorio Bastos es administradora de empresas turísticas y hoteleras, y Karen Martínez Monsalve es profesional en negocios y finanzas internacionales.

 

La Asamblea del BID que estaba prevista del 18 al 22 de marzo en la ciudad de Barranquilla, quedó aplazada de manera tentativa para el mes de septiembre por la alerta de covid-19, que fue declarado como pandemia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

Esta decisión además de darle un giro completo a la agenda que el país tenía preparada, genera afectaciones en materia de economía y turismo para Colombia, y sobre todo, para Barranquilla.

 

“Con este evento de talla mundial íbamos a recibir grandes figuras internacionales y que lo hayan aplazado sin duda nos afecta en la economía, en la parte turística, teníamos pensado recibir a más de 7 mil personas. Los hoteles, restaurantes, la economía informal, todo se ve afectado”, afirmó la docente de negocios y finanzas internacionales, Karen Martínez, quien es especialista en Alta Gerencia, magíster en Mercadeo y candidata a doctora en Marketing.

 

Según la docente, a pesar de que la vitrina a nivel mundial que se tenía planeada para mostrar a la ciudad de Barranquilla se va a ver afectada, la situación queda en un modo de ‘stand by’ porque el evento solo se aplaza, no se cancela del todo, así que es un parte de tranquilidad para la ciudad y el país.

 

“Teníamos pensado vender el carnaval no como una fiesta sino como un evento donde hay una oportunidad de negocio, eso quería el alcalde, vender el carnaval como una oportunidad de negocio, que las empresas vinieran a invertir. Se quería mostrar todo lo que se está haciendo en la ciudad, todo el tema de inversión, así que esta decisión deja una sensación agridulce. La ciudad iba a presentar un gran movimiento económico en restaurantes, hoteles y aerolíneas”, explicó Karen.

 

Sin embargo, la docente reconoció que hay que seguir las medidas de prevención emitidas por las autoridades de salud y ver el lado positivo de la situación, pues el hecho de que la Asamblea del BID haya sido aplazada le da más tiempo a la ciudad para prepararse y terminar muchas obras.

 

Por otro lado, la experta en Hotelería y Turismo, Sandra Osorio, expuso cuáles serán las consecuencias que sufrirá el sector turístico en la ciudad.

 

“Ya estábamos prácticamente listos para este evento, ahora hay cancelación de reservas hoteleras, vuelos internacionales, personal contratado y actividades organizadas para los diferentes eventos que traía esta Asamblea, trayendo consigo afectaciones económicas. En las reservas hay un problema y es que por ser canceladas por fuerza mayor no se cobran penalidades, se deben llegar a acuerdos con las empresas, como la devolución del dinero o que se guarde como depósito para septiembre. Esto afectará las ventas del mes de marzo porque se dejaron de vender habitaciones que estaban bloqueadas para la Asamblea, sin embargo, esperamos que todo esto se recupere en septiembre que seguramente estaremos en mejor momento para desarrollar tan importante evento”, señaló la docente Sandra, especialista en Alta Gerencia y es magíster en Gestión de Turismo Sostenible.

 

Explicó que el turismo es un sector vulnerable a todo tipo de factores, entre esos, políticos, y en este caso, de salud. “Nos veremos afectados con la esperanza de que el peligro pase y se reactive nuevamente el sector turístico. No obstante, hay que hacer un análisis también, pues, es preferible presentar esas pérdidas económicas que contribuir a la expansión del virus en la ciudad, hay que preservar la salud”, indicó la también directora del programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.

 

La experta aseguró que el sector turístico se encuentra a la espera de muchos otros eventos, como las actividades programadas por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022, sobre las cuales todavía no se ha concretado si se cancelarán o no debido a la alerta por el covid-19.

 

Por su parte, Gabriel Orozco Restrepo respaldó la decisión sobre aplazar la Asamblea del BID y analizó la responsabilidad que tiene en sus manos Colombia en estos momentos.

 

“Es una medida prudente y adecuada. Hay actividades que se pueden aplazar y reprogramar en función de la gravedad que vivimos con el covid-19. Colombia debe declararse en estado de emergencia. Estamos frente a una amenaza real, las medidas de contención tienen que ser fuertes, drásticas, la expansión del covid-19 es una amenaza inminente”, detalló el analista político, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y doctor en Relaciones Internacionales.

 

El docente explicó que muchos países, como en el caso de Italia, no vieron la dimensión del coronavirus y ahora se encuentran en un estado de cuarentena total, con un grave problema de sanidad pública y con los hospitales saturados.

 

En una semana, Colombia pasó de su primer caso a 24 casos confirmados.. Frente a esto, según Orozco, el Gobierno Nacional debe tener las facultades para prohibir y delimitar ciertas libertades que se promueven en la Constitución, de asociación, de movimiento; si entramos en un estado de emergencia es posible que se limiten estas libertades para preservar la salud pública”.

 

El analista político sostuvo que dentro de las medidas que podrían considerarse se encuentran las siguientes: evitar convocar a reuniones de más de 50 personas, procurar que las personas con afecciones respiratorias o síntomas de gripa sean aisladas y evitar el contacto físico entre personas.

 

En caso de que el país entre en un estado de emergencia “hay que pensar en el componente virtual. Las universidades, las instituciones, el gobierno debe repensar y emitir medidas que detengan la expansión de esta enfermedad”, puntualizó el docente.

 

Con respecto al sistema de salud en Colombia, advirtió que no estamos preparados y las autoridades deben trabajar para evitar una mayor propagación.

 

“Este problema se puede convertir en una calamidad pública, Colombia no tiene el sistema sanitario que tienen otros países desarrollados. Nosotros tenemos un sistema de salud complejo, por un lado, las entidades privadas son limitadas en su alcance, y por otro, las públicas no prestan un servicio adecuado que se ajuste a las necesidades de la población. Es un sistema de salud saturado que no posee las condiciones para una cobertura universal, tenemos un sistema que fácilmente podría ser vulnerado”, manifestó Orozco.

 

El docente de Uniautónoma finalizó destacando que la Asamblea se volverá a hacer, y para esa fecha se espera que las autoridades junto con las empresas hayan logrado establecer una vacuna que se pueda distribuir. Mientras, hay que seguir las medidas necesarias para frenar la expansión del covid-19.

 

“Es cierto que Colombia se iba a promover y Barranquilla se iba a mostrar como esa puerta de oro que promueve la hotelería y el turismo, pero debemos contenernos y mostrar esa capacidad que tenemos como sociedad de repensarnos y rediseñarnos para evitar y enfrentar estas amenazas”, concluyó el analista político. VSC

 

 

 

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La ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto hasta la semana 16 de gestación, generó gran polémica a nivel nacional.

 

Esta propuesta fue desaprobada por la Corte, la cual se declaró inhibida al considerar que la demanda era inepta y no cumplía con los requisitos para poder hacer un pronunciamiento de fondo.

 

Victor Armenta, abogado, exnotario, especialista en Derecho Administrativo y docente, y Henry González, relacionista internacional, con maestría en Relaciones Internacionales, en Educación Ambiental y actualmente cursando una maestría en Filosofía Política, hicieron un análisis de la decisión de la corte y argumentaron sobre sus posturas frente al aborto.

 

El aborto es un tema que despierta cierta sensibilidad en la sociedad colombiana. Actualmente, el país permite la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) cuando existen casos de malformación del feto incompatibles con la vida, si el embarazo fue producto de una violación y si representa un peligro inminente para la vida de la madre.

 

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Tras la decisión del alto tribunal, las cosas quedan tal cual como estaban. El aborto seguirá siendo permitido bajo las tres causales establecidas desde el año 2006.

 

“Estamos en un país totalmente conservador, arraigado a sus creencias católicas y está bien, tienen derecho a pensar como deseen. Sin embargo, el presidente de la república, Iván Duque, lanzó ciertas declaraciones que hicieron presión sobre la Corte. Pienso que no fue correcto declararse como una persona 'provida' sabiendo que él es el presidente de todos los colombianos, no solo de esa parte”, argumentó el docente Henry González.

 

Los dos expertos Uniautónoma coincidieron en que la decisión del alto tribunal fue “salomónica” y para no generar mayor controversia entre ambas partes, continuar con las políticas establecidas era la salida al debate. “La Corte tomó una decisión salomónica, trató de complacer a todos. A los que están a favor del aborto los dejó con las tres causales permitidas y a aquellos que están en contra simplemente no realizó ningún cambio de fondo”, afirmó González.

 

Por su parte, Victor Armenta expresó que “fue una decisión que no compromete la constitucionalidad y está enmarcada dentro del estado social de derecho que somos”.

 

Según el docente, pretender que se permita el aborto fuera de estas tres causales no es correcto “tenemos una Constitución que nos costó trabajo. El artículo 11 plantea el derecho a la vida, es inviolable. Dar un paso como este implica sobrepasar límites que la Constitución establece”.

 

Por otro lado, el internacionalista planteó que Colombia necesita aprobar el aborto sin ningún tipo de restricciones y seguir el ejemplo de “muchos otros países donde esta práctica es totalmente legal”. Para el profesor, esto sería un avance y “dar un paso a favor de los derechos de las mujeres”, porque considera que “deben tener la total libertad para decidir sobre lo que desean hacer con sus cuerpos”.

 

Sobre lo anterior, Armenta argumentó que “la mujer es libre para decidir sobre su cuerpo, sin embargo, esa libertad de la mujer incide en una vida completamente formada a partir de los 4 meses de gestación”.

 

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Armenta aseveró que es un debate complejo y su aprobación no será fácil. “Una posible salida al debate podría ser incorporar una nueva causal de aborto, que la mujer sea libre de decidir si desea abortar o no pero hasta cierto tiempo que no coloque en riesgo la vida de ambas partes, en 16 semanas es un ser bien formado”, indicó.

 

Henry González destacó que las raíces para ir en contra del aborto se basan en lo político. “La cuestión del aborto es un tema político, no moral. Las posiciones de muchas personas que se encuentran en contra de este tema se arraigan en la política, no les interesa en lo absoluto los derechos de las mujeres”, manifestó.

 

Otra de las razones que las organizaciones y grupos sociales citan a favor del aborto es la reducción de muertes por abortos clandestinos. Sobre esto, González concordó en que es vital que se apruebe el aborto para brindarles mejores condiciones a las mujeres durante este procedimiento. “Las condiciones en las que a la mujer se le confina para practicar un aborto ilegal representan un peligro para su vida, quienes más sufren ellas, las mujeres”, sostuvo el docente.

 

Por su parte, Armenta expresó que la situación de la interrupción clandestina no se va a acabar aunque lo legalicen. “Es un tema parecido al consumo de drogas, aunque está permitido el consumo de ciertas dosis, no se ha acabado la drogadicción ni el tráfico de drogas. No veo una relación clara de causalidad donde se acaben los abortos clandestinos se se amplían las posibilidades de aborto”, enfatizó Armenta, abogado especialista en Derecho Administrativo y docente de Derecho Constitucional.

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El constitucionalista planteó que se trata de un tema netamente cultural, además, estas prácticas se han vuelto un negocio que no implica ningún tipo de trámite, por ende “es una mala práctica que no necesariamente se va a acabar con el hecho de legalizar el aborto en el país”.

 

Otra razón que utilizan a favor de la despenalización del aborto es que permitiría que las familias en situaciones de pobreza sigan trayendo hijos que difícilmente podrán mantener. “Esto es completamente FALSO. No se necesitan ampliar posibilidades de aborto ni políticas de prohibición. Se necesita educación, esto es un tema fundamentalmente de educación”, destacó Armenta.

 

Según el docente, los temas demográficos son preocupantes pero lo que debe hacer el estado es promover la educación, la maternidad y los embarazos responsables, porque “al estado le corresponde educar a la sociedad”.

 

González, por su parte, insistió en que la situación económica es un factor que influye en esta decisión. “Nadie habla de la situación económica. Aquellos que se hacen llamar ‘provida’ y juzgan a quienes desean abortar, les pregunto ¿Ustedes van a mantener al bebé? Es difícil, la situación económica de muchas familias y jovencitas que a los 16, 17 y 18 años quedan embarazadas, de escasos recursos, no da para seguir trayendo hijos al mundo”, manifestó el docente, relacionista internacional, con maestría en Relaciones Internacionales, en Educación Ambiental y actualmente cursa una maestría en Filosofía Política.

 

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Caso ‘Juan Sebastián’.

A inicios de este año se hizo tendencia en redes el llamado desesperado de Juan Pablo Medina, un joven de 25 años que pidió apoyo en las redes sociales y medios de comunicación para que su novia, quien tenía 7 meses de embarazo, desistiera de abortar.

 

El aborto finalmente se dio y este caso generó polémica a nivel nacional dada las avanzadas semanas de gestación que presentaba la mujer. Los médicos consideran que al séptimo mes de embarazo, los bebés están completamente formados y podría decirse que ‘casi listos’ para nacer. Este caso dio paso al debate del papel que juegan los padres a la hora de tomar decisiones que afecten la vida del feto.

 

Según Armenta, docente del programa de Derecho, “el padre debería tener incidencia en esta decisión ¿Por qué no debería? El padre también es parte importante de la concepción del bebé. Debería establecerse que a partir de un determinado tiempo, si hay deseos de abortar, debe darse la aprobación ambas partes. Es un debate complejo”.

 

Mientras que, González hizo énfasis en que “casos como este hacen parte de la excepción, la regla son los primeros meses. Lo ideal para realizar esta práctica es que se dé durante los primeros meses de gestación, pero la decisión debe ser de la mujer”.

 

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¿Colombia está preparada?

“No se puede justificar una postura política hablando de preparación. En Colombia las creencias y convicciones sociales están muy arraigadas. A la sociedad le ha costado ceder en temas de matrimonio igualitario, adopción de menores en parejas del mismo sexo y muchos otros; sin embargo, hemos avanzado, las nuevas realidades así lo exigen”, afirmó el abogado Armenta.

 

Añadió que “la sociedad ha cedido bastante, y en este punto, fundamentalmente, está en juego el derecho a la vida, salirnos de las tres causales establecidas desboraría los límites del Estado Social de Derecho que somos”.

 

Por su parte, el internacionalista González reafirmó su postura indicando que en Colombia debe primar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y las consecuencias que puede generar traer al mundo un bebé que no va a gozar de óptimas condiciones de vida, como en el caso de las familias de escasos ingresos que suelen contraer embarazos con mayor frecuencia y no poseen recursos económicos para la manutención del menor.

 

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La nueva Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 del 2019 y Decreto 2270 de 2019) es el tema principal del Seminario de Actualización Tributaria y Contable que se realizará en el Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma del Caribe, los días 11 y 12 de febrero próximos.

 

Durante dos días el auditorio J se convertirá en el espacio donde los profesionales y personas con intereses en temas tributarios podrán renovar sus conocimientos y tendrán la posibilidad de entender los cambios que trae la nueva ley que reglamenta las obligaciones contables, además de las actualizaciones de las normas internacionales de contabilidad.

 

Es por eso que los temas serán abordados por reconocidos expertos tributaristas (abogados y contadores públicos), quienes disertarán sobre diferentes temas como: el Impuesto de Renta de personas naturales, personas jurídicas, dividendos, impuesto al patrimonio, normalización tributaria, IVA, impuesto al consumo, abuso tributario, rentas exentas, beneficios tributarios, tributación internacional, régimen simple de tributación, procedimiento tributario y la actualización contable, entre otros.

 

El evento inicia a la 1 de la tarde del martes 11 de febrero y tendrá como ponente a Carlos Aroca Lara, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster y especialista en Derecho Tributario, además de docente de la especialización en Tributación de la Universidad Autónoma del Caribe. Los temas que tocará el prestigioso abogado serán: Transición de las normas tributarias – Impuesto de renta – Personas naturales – Personas jurídicas. Dividendos – Régimen simple – Retención en la fuente.

 

El segundo día comenzará a las 8 de la mañana con el abogado Mauricio Marín Elizalde, especialista en Derecho Administrativo y en Gestión de Entidades Territoriales, magíster en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales de España – UNED; quien abordará temas como: Tributación Internacional – Establecimientos permanentes – ECE – Enajenación directa – Régimen de compañías holding colombianas.

 

Seguirá a las 10:30 de la mañana Andrés Medina Salazar, especialista en Derecho Tributario, magíster en Derecho con énfasis en tributación, docente de la especialización en Derecho Tributario y de la maestría en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia; cuyos temas principales serán: Procedimiento tributario – Responsables solidarios – Impuesto al patrimonio – Normalización tributaria – Beneficios de auditoría.

 

Luego de un receso, estará a las 2 de la tarde José Castañeda Durán, magíster en Derecho Tributario, especialista en Gerencia y Administración Tributaria y Derecho Tributario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Los temas del abogado Castañeda serán: Impuesto sobre las ventas – IVA – Nuevo régimen de responsables – Bases gravables Zonas Francas – Servicios digitales – Bienes y servicios gravados – Impuesto nacional al consumo – INC. 

 

Por último, a las 4:30 de la tarde dará su conferencia Luis Moya Moreno, contador público, especialista Auditoría Internacional, Revisoría Fiscal y Estándares Internacionales de Información Financiera y magíster en Finanzas Corporativas. Miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, Director por Colombia ante el GLENI y consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, designado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sus temas serán: Actualización normativa contable y de información financiera del Decreto 2270 de 2019 – Actualización del marco conceptual CINIIF 23 – Combinación de negocios – Actualización del Anexo N°4 de las normas de aseguramiento de la información – Cambios de la NIA 701 - Cambios en la ISAE 3000 – Otros cambios.

 

 

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en los correos: o en los teléfonos 3008156063 – 3058608917. La inversión para estudiantes y egresados es de $340.000, mientras que para particulares el valor es de $400.000. También aplican descuentos grupales: De 3 a 5 participantes 10%; de 6 a 10 participantes 11%, y de 11 en adelante 20%.

 

 

El Seminario de Actualización es organizado por la Universidad Autónoma del Caribe, a través de su facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, su programa de Contaduría Pública, y las especializaciones de Revisoría Fiscal, Auditoría Externa, Tributación, Finanzas y Gestión Financiera Pública.

 

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La excongresista Aida Merlano fue capturada por las FAES (Fuerzas Especiales de la Policía) de Venezuela y fue puesta a disposición del Ministerio Público de ese país. El proceso para extraditar a Merlano se complica al tener en cuenta las tensiones políticas existentes entre Colombia y Venezuela. No obstante, el Gobierno del presidente Iván Duque dirigió la solicitud de extradición al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

 

El experto Gabriel Orozco Restrepo analizó el papel que juega Guaidó en este conflicto de intereses. “El gobierno colombiano ha decidido mantener una linea y es solicitar la extradición al gobierno que reconoce legítimo, el de Juan Guaidó, pero este no tiene las funciones para poder ejercer una posible extradición. Las FAES fueron quienes capturaron a Aida Merlano, por tanto, el gobierno de Maduro la utilizará como una carta de negociación con el gobierno colombiano”, afirmó el analista político.

 

Orozco reconoció que aunque el margen de gobernabilidad de Juan Guaidó tiene legitimidad, no cuenta con legalidad en funciones de Gobierno, es decir, las autoridades judiciales y policiales no lo reconocen todavía; lo cual hace que su capacidad de influenciar en este proceso sea mínima.

 

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Por otro lado, para el experto es claro que el régimen de Nicolás Maduro buscará sacar provecho de esta situación. “Aida Merlano tiene información importante sobre el sistema político en el Atlántico y en el Caribe, lo que, en gran medida, permite entender también el funcionamiento del sistema político colombiano. La compra de votos es un mecanismo utilizado para la elección de Representantes a la Cámara, Senadores e incluso, el Presidente. Sin duda, Nicolás Maduro buscará beneficiarse de esto para presionar al gobierno colombiano”, aseveró el experto.

 

Había una clara intención de captura en contra de Aida Merlano y el gobierno de Nicolás Maduro dio con inteligencia privilegiada para llegar a esa información “esto representa un punto de tensión entre dos gobiernos que no están dispuestos a reconocerse entre dos situaciones que representan una problemática para la política exterior colombiana: reconocer a un presidente legítimo que no tiene funciones de gobierno y a otro ilegítimo que si las tiene”, destacó el analista político.

 

Paradójicamente, esta incapacidad para traer de vuelta a la excongresista para que rinda cuentas ante la justicia colombiana, beneficia a muchas casas políticas en el Atlántico y el Caribe que también fueron señaladas de obtener beneficios por esta compra de votos por la que fue condenada Merlano a 15 años de prisión.

 

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¿Y si no hay extradición?

“No hay ningún otro mecanismo para traer de vuelta a Merlano. La Interpol no puede entrar a un estado del cual es parte porque esta organización solo hace lo que los estados le piden que haga. Ellos cumplen funciones de cooperación policial en busca de generar capturas y mayor confianza en el sistema judicial transnacional”, sostuvo Orozco.

 

El experto añadió que “el gobierno de Maduro por más que sea considerado ilegítimo por el Gobierno de Colombia, ejerce funciones, por tanto, es difícil que la extraditen. No hay otra medida ni otra vía”.

 

Al no existir relaciones diplomáticas formales entre Venezuela y Colombia, la excongresista Aida Merlano permanecerá en Venezuela con delitos menores o beneficios judiciales. “Lo más probable es que pida refugio para no ser extraditada alegando que es una perseguida política por haber denunciado y hecho parte de un tinglado de conspiración en su contra”, aseguró el docente.

 

Orozco asegura que el Gobierno de Nicolás Maduro quiere obtener mayor presión hacia el Gobierno colombiano para que se acabe el ‘aislamiento diplomático’ que le ha traído consecuencias en términos de relaciones comerciales y su posicionamiento en organismos como la OEA (Organización de los Estados Americanos).

 

Por su parte, Colombia espera que haya un cambio efectivo en Venezuela. “Hace un año se pensó que Maduro podía caer pero esto no ha sido posible, no se ha dado un cambio de régimen, por lo que el gobierno de Duque no va a pedirle negociación a un gobierno que no reconoce, como es el de Maduro”, finalizó el experto.

 

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Gabriel Orozco Restrepo es filósofo, analista internacional, consultor en temas de desarrollo en medios nacionales e internacionales. Tiene una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y un doctorado en Relaciones Internacionales. Es profesor de la Universidad Autónoma del Caribe e investigador senior de Colciencias.

 

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Mediante la Resolución 01168007, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) renovó por siete años el Registro Calificado del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Caribe. Esta aprobación incluye la modificación de los contenidos curriculares, y el número de créditos académicos pasará de 135 a 128.

 

Dada la interacción de los métodos científicos dentro de la disciplina, se resaltan cambios en el plan de estudios y en el perfil de formación del egresado de Ciencias Políticas. La reflexión particular sobre política, que con un status científico alcanza un nivel especializado como objeto de conocimiento respecto a otras disciplinas sociales como la historia, la sociología, la antropología y la filosofía; con el propósito de abrir un espacio a la investigación de los diferentes aspectos de la realidad política.

 

El nuevo plan de estudios fortalece el diálogo interdisciplinario orientado a la historización de las ciencias políticas y la politización de la historiografía. El contenido programático forma politólogos comprometidos con los principios de Dignidad Humana, Honestidad, Autonomía y Legalidad. Con capacidad de razonamiento y síntesis; con pensamiento reflexivo y crítico para la interpretación y aplicación de los medios de investigación de la teoría y la práctica política en el contexto local, regional y nacional; con una visión global para la intervención política de las situaciones suscitadas en el contexto nacional e internacional; con interés por la investigación; y con plena conciencia del papel facilitador y mediador que garantice un ejercicio profesional en beneficio de la sociedad para contribuir a la consecución de la política en el proceso de construcción de paz.

 

Nuestro programa de Ciencias Políticas, con las modificaciones y actualizaciones incorporadas en el plan, refleja un nuevo corpus teórico para interpretar y brindar herramientas conceptuales claras que permitan al politólogo de la Universidad Autónoma del Caribe transformar su propia realidad con enfoque en el bienestar comunitario.

 

La interdisciplinariedad como un componente transversal de nuestro programa, facilita el acercamiento y la titulación paralela entre distintas disciplinas complementarias al quehacer politológico, lo que imprime mayor flexibilidad a nuestra ruta académica.

 

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La tensión a nivel regional en Oriente Medio y a nivel mundial se desencadenó por un misil que envió Estados Unidos a uno de los máximos generales en Irán, Qasem Soleimaní, a quien se le dio de baja. Consiguientemente, Irán atacó la base aérea de Al Asad en la provincia de Anbar ubicada al oeste de Irak, donde se estacionan las tropas estadounidenses.

 

Con la baja de Soleimaní “Estados Unidos mostró el poderío militar y su capacidad destructiva para acabar con aquellas zonas o países donde ve amenazados sus intereses”, afirmó Gabriel Orozco, analista internacional.

 

Gabriel Orozco Restrepo es filósofo, analista internacional, consultor en temas de desarrollo y consultor en medios nacionales e internacionales. Tiene una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, y un doctorado en Relaciones Internacionales. Es profesor de la Universidad Autónoma del Caribe e investigador senior de Colciencias.

 

Tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la Guardia Revolucionaria iraní y las potencias internacionales han hablado acerca de un escalamiento de la situación de conflicto. Detrás de esta disputa regional en el Medio Oriente, Estados Unidos ha demostrado el deseo por expandir su control geopolítico.

 

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Hace unos años, el califato islámico reinaba por gran parte de Oriente Medio y Europa, y desde que perdió el total control político, el Estado Islámico por medio de invasiones y terrorismo ha querido tomar control sobre los territorios donde no tenía influencia Estados Unidos.

 

Para el gobierno norteamericano, esta lucha además de representar una alianza para combatir el terrorismo, lo ha llevado a disputar su liderazgo regional.

 

Cabe recordar que Oriente Medio es la región con mayor reservas de crudo a nivel mundial, por tanto, Estados Unidos posee intereses económicos arraigados. La situacion política interna en Irán también es compleja debido a que existe un alto porcentaje de desempleo juvenil y el país se ha visto inmerso en una crisis económica desde que Donald Trump impuso sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán.

 

¿Tercera Guerra Mundial?

Ante las numerosas especulaciones que se han dado a nivel mundial tanto en redes sociales como en medios de comunicación acerca de una tercera Guerra Mundial, Gabriel Orozco sostuvo que “Irán tiene mucha capacidad en términos militares y puede contrastar la fuerza que tiene Estados Unidos. Sin embargo, no es posible que se dé una tercera Guerra Mundial, precisamente, por la capacidad destructiva de ambos países, pues, ese factor disuade la idea de una confrontación directa entre ambos”.

 

Estados Unidos tiene varios intereses que han motivado el conflicto, entre ellos, respaldar a Israel, uno de sus principales aliados. “Entre estos países existe una relación de alianza desde hace mucho tiempo. Desde que Trump se posesionó como presidente, Estados Unidos respalda lo que se llama el ‘Lobby Israelí’”, señaló el experto.

 

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El papel de Colombia.

A pesar de que Colombia es un aliado estratégico de los Estados Unidos y no condenaría ninguna acción que decida emprender el país norteaméricano, se ha mantenido al márgen del conflicto. “Podría decirse que el papel de Colombia ha sido nulo, pues, no se han sacado declaraciones al respecto. El gobierno solamente hizo un llamado a las partes para que trabajen con miras a evitar nuevas acciones que pongan en riesgo la seguridad internacional y la paz en la región de Medio Oriente”, indicó el experto.

 

Paradójicamente, Colombia se ha visto beneficiada en la medida en que el conflicto entre ambas potencias ha desencadenado el aumento en los precios del petróleo a nivel internacional. Gracias a esto, han sido mayores los ingresos por venta de petróleo en el país.

 

Futuro del conflicto.

Tanto Irán como Estados Unidos, luego de los ataques, han declarado estar dispuestos a abrir una mesa de diálogo en busca de una solución para que se rompa la tensión en Oriente Medio. Por esta razón, no se han perpetrado nuevos bombardeos por parte de ambos.

 

“También hay que tener en cuenta la campaña presidencial en Estados Unidos. Donald Trump quiere mostrarse como un jefe con gran capacidad de mando militar y como un gran negociador capaz de doblegar a sus contrincantes. Con la mesa de diálogo querrá mostrar que puede doblegar a Irán, eso es fundamental para la reelección de Trump”, puntualizó Orozco.

 

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En caso de llegar a un acuerdo entre ambos países, el gobierno iraní se beneficiaría por la reactivación de su economía, pues, ha estado sumido en una crisis como producto del embargo por parte de los Estados Unidos.

 

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El Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico recibió la certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, evidenciando así el cumplimiento de las exigencias de calidad para prestar un excelente servicio a la población vulnerable.

 

El certificado fue entregado por el Director Regional Caribe del Icontec, Simón Bolívar, a la rectora de nuestra institución, María Victoria Mejía Orozco, en una ceremonia que contó con la presencia del equipo de la Facultad de Jurisprudencia.

 

El Icontec renovó el certificado de conformidad de servicios, bajo el esquema de certificación 6 según ISO/IEC 17067, al “Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe", según el documento y además agrega que “el derecho del uso del certificado de conformidad se otorga con el referencial NTC 5906”.

 

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Dentro de las actividades a las que es aplicable el certificado está el “servicio de conciliación extrajudicial en Derecho, con atención preferencial a personal de escasos recursos económicos y en condiciones de vulnerabilidad”.

 

La Universidad Autónoma del Caribe trabaja en la formación de los estudiantes de manera integral y busca, desde la academia, generar beneficios que impacten a la comunidad.

 

Cabe resaltar que el Director Regional Caribe y la ejecutiva de cuentas de Icontec, Milena Casdelo, son graduados del programa de Administración de Empresas de nuestra institución.

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Con la certificación de 38 propietarios de los conjuntos de Alameda del Río, finalizó el curso formativo 'Buenas Prácticas para la Sana Convivencia en Propiedad Horizontal', desarrollado por el programa EnConjunto de Constructora Bolívar, de la mano con la Universidad Autónoma del Caribe, a través de la Dirección de Extensión y Proyección Social.

 

Fueron cuatro los módulos que se dictaron por parte de la universidad durante cuatro sábados, a partir del 26 de octubre y finalizando el pasado 23 de noviembre. Los módulos que se dictaron fueron: ‘Convivencia en la propiedad horizontal’, ‘Sanciones en la propiedad horizontal’, ‘Buenas prácticas de convivencia en la propiedad horizontal’ y ‘Solución de conflictos’. Este último se desarrolló en las instalaciones de la institución y se invitó a un panel de expertos en propiedad horizontal.

 

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Tercer módulo.

El tercer módulo denominado 'Buenas Prácticas de Convivencia en la Propiedad Horizontal', fue dirigido por el sociólogo y docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, Jairo Ibarra, quien abordó el tema a desarrollar, donde se tocaron temas: el conducto regular dentro de la Propiedad Horizontal, Código de Policía aplicado a Propiedad Horizontal, Ley Antitabaco, manejo de mascotas y manejo de residuos.

 

Ibarra, resaltó la importancia de los principios de convivencia para la Propiedad Horizontal, en los que se destacaron la identidad, cooperación y solidaridad; valores como la responsabilidad, tolerancia y cordialidad y se enfatizó en la importancia del diálogo y comunicación. Además fueron desarrolladas pautas para construir el Manual de Convivencia y mejorar los canales de conciliación. 

 

Al finalizar la jornada, la doctora y docente de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, Rosa Gutiérrez, en compañía del docente Jairo Ibarra realizaron una actividad llamada 'La creación del nuevo mundo en la Propiedad Horizontal', donde los participantes de los distintos conjuntos se organizaron en grupos, y con dibujos, mímica y canciones construyeron el hogar soñado para mejorar su calidad de vida. 

 

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Cuarto módulo y certificación.

La última jornada de este gran proyecto, se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Club Caribe, donde se desarrolló el cuarto módulo titulado 'Solución de Conflictos', el cual, estuvo a cargo de la docente Caroline Molinares.

 

Durante el acto final, se estudiaron temas como las técnicas y herramientas de resolución de conflicto, junto al desarrollo de casos prácticos, así mismo, fueron analizadas las características que posee un conflicto, la importancia en el manejo adecuado y oportuno del entorno y por último se enfatizó en el análisis de las consecuencias del conflicto. 

 

La docente Rosa Gutiérrez realizó un panel de preguntas y respuestas, en el que hizo parte Nory Jay Henao administradora de los conjuntos Gorrión y Tucán, y los vecinos del sector: Enrique Ladrón Guevara y Guidell López, quienes resaltaron la importancia de este curso y cómo, a través de las enseñanzas recibidas, han creado herramientas de sana convivencia. 

 

Finalmente, se realizó la entrega formal de los certificados, como reconocimiento al mérito y compromiso en la asistencia continua de la formación a las 24 horas pactadas por parte EnConjunto Constructora Bolívar y Uniautónoma. La entrega estuvo a cargo de la Coordinadora de Relaciones con la Comunidad de la constructora, Stephanie Marriaga; el jefe de la Unidad de Proyectos y Consultorías de la Universidad Autónoma del Caribe, Tomás Rodríguez Ching, y la docente Rosa Gutiérrez.

 

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